El Consejo General del Poder de Judicial de España lleva más de cuatro años trabajando con el mandato caducado, un récord en la historia de este órgano de gobierno.
Como ha venido denunciando la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia, el principal motivo de esta anomalía constitucional es la falta de diálogo y compromiso de los partidos políticos, lo que ha estado impidiendo la renovación, con incumplimiento de la Constitución y la normativa vigente.
La situación es realmente insoportable para cualquier ciudadano mínimamente sensible. Hay que recordar que cuando las instituciones se utilizan como una herramienta con fines políticos, su fuerza se debilita y su legitimidad democrática se ve afectada. En un momento en que muchos discuten la esencia misma del sistema democrático, todos debemos esforzarnos por cuidar de las instituciones que conforman nuestro Estado social y democrático de Derecho, tal como se proclama en la Constitución.
El Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, ha declarado reiteradamente, la última vez en una visita al Congreso español, que la renovación del Consejo General es una «prioridad» de acuerdo con la normativa vigente, de manera que «inmediatamente después de esta renovación» debe tener lugar una reforma en el sistema de nombramiento de los miembros del Consejo, pero que la renovación es ahora urgente.
Es por este motivo que MEDEL denuncia esta prolongada situación de anomalía institucional en España, y llama a los partidos políticos para que, cumpliendo la importante función constitucional que deben ejercer, y a través del Parlamento, pongan fin a la agonía sufrida por el órgano rector del Poder Judicial, y cumplan así la Ley y la Constitución.
Es urgente superar intereses particulares para garantizar los intereses generales, y superar las presiones de todo tipo que responden más a los cálculos electorales coyunturales que a la búsqueda del bien común.
Barcelona, 03 de diciembre de 2022