Acuerdos Comité Permanente 2017

El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia reclama al gobierno y al Consejo General del Poder Judicial una gran convocatoria de plazas en la oposición de acceso a la carrera judicial con el fin de que las reformas legales ya aprobadas en el caso de los tribunales de instancia, y las que se anuncian, como la reforma de la LOPJ o la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, puedan aplicarse sin incrementar la sobrecarga que ya padecen muchos tribunales y garantizando que la administración de justicia preste un servicio ágil y de calidad a los profesionales y la sociedad.

Las medidas que ayer anunciaba el gobierno van el camino adecuado porque el sistema de becas públicas para preparar oposiciones a judicatura y fiscalía permite que la falta de recursos económicos no se convierta en un obstáculo, lo que al establecerse con rango legal evitará que, como sucedió en el pasado, sean convocadas o no según decida cada gobierno. También es un acierto haber suprimido la fase de sustitución y refuerzo en la Escuela Judicial, pues su alumnado no podía enjuiciar con plena independencia judicial si su labor jurisdiccional es objeto de valoración por la Escuela. Por otro lado, retirar del anteproyecto el traslado forzoso tras el ascenso automático de categoría contribuye a conciliar la vida profesional y familiar y prestar un mejor servicio en los juzgados, puesto que no se producirán cambios de titulares, lo que ha sido un empeño de Juezas y Jueces para la Democracia que de forma insistente lo ha reclamado al gobierno.

Consideramos un avance que para el acceso a la carrera judicial se recupere una prueba práctica escrita, que en su día fue injustificado suprimir y que realizan todos los cuerpos superiores de la administración pública. Igualmente nos parece un avance modificar el acceso por el cuarto turno para que primero tenga lugar una prueba eliminatoria, como sucede con el turno libre, y luego la fase de baremación de méritos. En este apartado consideramos un avance que la preparación a la oposición sea más transparente, declarándose en todo caso tal actividad, y que exista un centro público nacional que pueda atender con fondos públicos a quienes lo reclamen.

Apoyamos las medidas de igualdad que introduce la propuesta de reforma de la LOPJ que hoy se presenta en las Cortes, pues entendemos esencial una política en tal sentido que garantice, como recoge el proyecto de ley, la paridad en la conformación de tribunales de oposición y en la Comisión de Ética Judicial. En este último entendemos acertado que se incorporen catedráticas y catedráticos de filosofía y ética, puesto que el comportamiento de los jueces en sus relaciones sociales es cuestión que no sólo interesa a la judicatura sino a toda la sociedad.

Nos parece que los intentos de democratizar los órganos de gobierno de los tribunales son esenciales, siendo un acierto suprimir el voto postal y permitir el voto telemático, como ya sucede para designar la Comisión de Ética Judicial, reducir el número de votos de cada elector como en el Senado y optar porque las Salas de Gobierno trabajen en pleno, pues son fórmulas que propician que tales órganos reflejen el pluralismo que caracteriza la carrera judicial.

Por otro lado, nos parece una buena práctica exigir que la financiación de las asociaciones judiciales sea exclusivamente pública, aunque para ello será preciso incrementar la dotación presupuestaria que en la actualidad se destina a esa finalidad. Finalmente entendemos que la situación de abuso de temporalidad que padece la justicia interina tiene remedio a través de los actuales cauces de incorporación por el cuarto turno, sin que ello repercuta negativamente en el escalafón.

Respetando el trámite parlamentario que ahora se inicia reclamamos que no se aguarde a su finalización para realizar una amplísima convocatoria de plazas judiciales de los turnos libre y cuarto, y que ese esfuerzo se mantenga en años sucesivos para poder alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura española, que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad.

SECRETARIADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA

El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia reclama al gobierno y al Consejo General del Poder Judicial una gran convocatoria de plazas en la oposición de acceso a la carrera judicial con el fin de que las reformas legales ya aprobadas en el caso de los tribunales de instancia, y las que se anuncian, como la reforma de la LOPJ o la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, puedan aplicarse sin incrementar la sobrecarga que ya padecen muchos tribunales y garantizando que la administración de justicia preste un servicio ágil y de calidad a los profesionales y la sociedad.

Las medidas que ayer anunciaba el gobierno van el camino adecuado porque el sistema de becas públicas para preparar oposiciones a judicatura y fiscalía permite que la falta de recursos económicos no se convierta en un obstáculo, lo que al establecerse con rango legal evitará que, como sucedió en el pasado, sean convocadas o no según decida cada gobierno. También es un acierto haber suprimido la fase de sustitución y refuerzo en la Escuela Judicial, pues su alumnado no podía enjuiciar con plena independencia judicial si su labor jurisdiccional es objeto de valoración por la Escuela. Por otro lado, retirar del anteproyecto el traslado forzoso tras el ascenso automático de categoría contribuye a conciliar la vida profesional y familiar y prestar un mejor servicio en los juzgados, puesto que no se producirán cambios de titulares, lo que ha sido un empeño de Juezas y Jueces para la Democracia que de forma insistente lo ha reclamado al gobierno.

Consideramos un avance que para el acceso a la carrera judicial se recupere una prueba práctica escrita, que en su día fue injustificado suprimir y que realizan todos los cuerpos superiores de la administración pública. Igualmente nos parece un avance modificar el acceso por el cuarto turno para que primero tenga lugar una prueba eliminatoria, como sucede con el turno libre, y luego la fase de baremación de méritos. En este apartado consideramos un avance que la preparación a la oposición sea más transparente, declarándose en todo caso tal actividad, y que exista un centro público nacional que pueda atender con fondos públicos a quienes lo reclamen.

Apoyamos las medidas de igualdad que introduce la propuesta de reforma de la LOPJ que hoy se presenta en las Cortes, pues entendemos esencial una política en tal sentido que garantice, como recoge el proyecto de ley, la paridad en la conformación de tribunales de oposición y en la Comisión de Ética Judicial. En este último entendemos acertado que se incorporen catedráticas y catedráticos de filosofía y ética, puesto que el comportamiento de los jueces en sus relaciones sociales es cuestión que no sólo interesa a la judicatura sino a toda la sociedad.

Nos parece que los intentos de democratizar los órganos de gobierno de los tribunales son esenciales, siendo un acierto suprimir el voto postal y permitir el voto telemático, como ya sucede para designar la Comisión de Ética Judicial, reducir el número de votos de cada elector como en el Senado y optar porque las Salas de Gobierno trabajen en pleno, pues son fórmulas que propician que tales órganos reflejen el pluralismo que caracteriza la carrera judicial.

Por otro lado, nos parece una buena práctica exigir que la financiación de las asociaciones judiciales sea exclusivamente pública, aunque para ello será preciso incrementar la dotación presupuestaria que en la actualidad se destina a esa finalidad. Finalmente entendemos que la situación de abuso de temporalidad que padece la justicia interina tiene remedio a través de los actuales cauces de incorporación por el cuarto turno, sin que ello repercuta negativamente en el escalafón.

Respetando el trámite parlamentario que ahora se inicia reclamamos que no se aguarde a su finalización para realizar una amplísima convocatoria de plazas judiciales de los turnos libre y cuarto, y que ese esfuerzo se mantenga en años sucesivos para poder alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura española, que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad.

SECRETARIADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA

La igualdad de género es un valor central de nuestro ordenamiento jurídico, un derecho fundamental y un principio general del derecho constitucionalizado.

Ante un nuevo 8 de marzo, desde Juezas y Jueces para la Democracia, debemos insistir en la necesidad de garantizar que las políticas de igualdad de género y los instrumentos que las desarrollan alcancen y beneficien a todas las mujeres, niñas y niños, así como también a las personas que deben enfrentarse a formas múltiples e interseccionales de discriminación.

Resulta imprescindible elaborar un plan a largo plazo para continuar con el desarrollo de las políticas ya existentes. Para ello, es fundamental que los mecanismos institucionales habilitados para la igualdad de género cuenten con los recursos económicos y los medios materiales y personales necesarios. Solo de esta manera se podrán abordar problemáticas tales como la brecha de género persistente en el empleo y los salarios, la feminización de la pobreza, el impacto negativo sobre las pensiones o la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado no remuneradas y domésticas entre mujeres y hombres.

Es necesario consolidar una legislación que favorezca el cumplimiento de esos propósitos y combata las desigualdades específicas. Asimismo, debe seguir desarrollándose una doctrina jurisprudencial que favorezca la igualdad de trato, resultando fundamental la interpretación del ordenamiento jurídico con perspectiva de género. Por ello, remarcamos la obligación perentoria e inexcusable de procurar una formación integral y continuada en perspectiva de género de todos los operadores que intervienen en la Administración de Justicia.

Es inexcusable combatir sin ambages la incitación al odio sexista, los discursos negacionistas de la violencia de género y los estereotipos de género que siguen calando en la sociedad, y especialmente en los jóvenes. Para ello, es esencial promover la participación y responsabilidad de los hombres y los niños como agentes y beneficiarios del cambio.

Conviene prestar atención a los avances que se están realizando en materia de inteligencia artificial (IA), ya que se ha convertido en un ámbito de importancia estratégica y un motor clave del progreso económico. Aunque puede aportar soluciones a muchos retos sociales, se corre el riesgo de que la misma intensifique las desigualdades de género al encontrarnos con algoritmos poco transparentes o reproducir sesgos de género. Para asegurar que estas nuevas herramientas estén libres de estos déficits, debemos reivindicar que las mujeres formen parte de su desarrollo.

En definitiva, las actuaciones de los poderes públicos y de la sociedad civil deben contribuir activamente a evitar la perpetuación de las desigualdades de género de carácter estructural.

La igualdad de género es un valor central de nuestro ordenamiento jurídico, un derecho fundamental y un principio general del derecho constitucionalizado.

Ante un nuevo 8 de marzo, desde Juezas y Jueces para la Democracia, debemos insistir en la necesidad de garantizar que las políticas de igualdad de género y los instrumentos que las desarrollan alcancen y beneficien a todas las mujeres, niñas y niños, así como también a las personas que deben enfrentarse a formas múltiples e interseccionales de discriminación.

Resulta imprescindible elaborar un plan a largo plazo para continuar con el desarrollo de las políticas ya existentes. Para ello, es fundamental que los mecanismos institucionales habilitados para la igualdad de género cuenten con los recursos económicos y los medios materiales y personales necesarios. Solo de esta manera se podrán abordar problemáticas tales como la brecha de género persistente en el empleo y los salarios, la feminización de la pobreza, el impacto negativo sobre las pensiones o la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado no remuneradas y domésticas entre mujeres y hombres.

Es necesario consolidar una legislación que favorezca el cumplimiento de esos propósitos y combata las desigualdades específicas. Asimismo, debe seguir desarrollándose una doctrina jurisprudencial que favorezca la igualdad de trato, resultando fundamental la interpretación del ordenamiento jurídico con perspectiva de género. Por ello, remarcamos la obligación perentoria e inexcusable de procurar una formación integral y continuada en perspectiva de género de todos los operadores que intervienen en la Administración de Justicia.

Es inexcusable combatir sin ambages la incitación al odio sexista, los discursos negacionistas de la violencia de género y los estereotipos de género que siguen calando en la sociedad, y especialmente en los jóvenes. Para ello, es esencial promover la participación y responsabilidad de los hombres y los niños como agentes y beneficiarios del cambio.

Conviene prestar atención a los avances que se están realizando en materia de inteligencia artificial (IA), ya que se ha convertido en un ámbito de importancia estratégica y un motor clave del progreso económico. Aunque puede aportar soluciones a muchos retos sociales, se corre el riesgo de que la misma intensifique las desigualdades de género al encontrarnos con algoritmos poco transparentes o reproducir sesgos de género. Para asegurar que estas nuevas herramientas estén libres de estos déficits, debemos reivindicar que las mujeres formen parte de su desarrollo.

En definitiva, las actuaciones de los poderes públicos y de la sociedad civil deben contribuir activamente a evitar la perpetuación de las desigualdades de género de carácter estructural.

La igualdad de género es un valor central de nuestro ordenamiento jurídico, un derecho fundamental y un principio general del derecho constitucionalizado.

Ante un nuevo 8 de marzo, desde Juezas y Jueces para la Democracia, debemos insistir en la necesidad de garantizar que las políticas de igualdad de género y los instrumentos que las desarrollan alcancen y beneficien a todas las mujeres, niñas y niños, así como también a las personas que deben enfrentarse a formas múltiples e interseccionales de discriminación.

Resulta imprescindible elaborar un plan a largo plazo para continuar con el desarrollo de las políticas ya existentes. Para ello, es fundamental que los mecanismos institucionales habilitados para la igualdad de género cuenten con los recursos económicos y los medios materiales y personales necesarios. Solo de esta manera se podrán abordar problemáticas tales como la brecha de género persistente en el empleo y los salarios, la feminización de la pobreza, el impacto negativo sobre las pensiones o la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado no remuneradas y domésticas entre mujeres y hombres.

Es necesario consolidar una legislación que favorezca el cumplimiento de esos propósitos y combata las desigualdades específicas. Asimismo, debe seguir desarrollándose una doctrina jurisprudencial que favorezca la igualdad de trato, resultando fundamental la interpretación del ordenamiento jurídico con perspectiva de género. Por ello, remarcamos la obligación perentoria e inexcusable de procurar una formación integral y continuada en perspectiva de género de todos los operadores que intervienen en la Administración de Justicia.

Es inexcusable combatir sin ambages la incitación al odio sexista, los discursos negacionistas de la violencia de género y los estereotipos de género que siguen calando en la sociedad, y especialmente en los jóvenes. Para ello, es esencial promover la participación y responsabilidad de los hombres y los niños como agentes y beneficiarios del cambio.

Conviene prestar atención a los avances que se están realizando en materia de inteligencia artificial (IA), ya que se ha convertido en un ámbito de importancia estratégica y un motor clave del progreso económico. Aunque puede aportar soluciones a muchos retos sociales, se corre el riesgo de que la misma intensifique las desigualdades de género al encontrarnos con algoritmos poco transparentes o reproducir sesgos de género. Para asegurar que estas nuevas herramientas estén libres de estos déficits, debemos reivindicar que las mujeres formen parte de su desarrollo.

En definitiva, las actuaciones de los poderes públicos y de la sociedad civil deben contribuir activamente a evitar la perpetuación de las desigualdades de género de carácter estructural.

La igualdad de género es un valor central de nuestro ordenamiento jurídico, un derecho fundamental y un principio general del derecho constitucionalizado.

Ante un nuevo 8 de marzo, desde Juezas y Jueces para la Democracia, debemos insistir en la necesidad de garantizar que las políticas de igualdad de género y los instrumentos que las desarrollan alcancen y beneficien a todas las mujeres, niñas y niños, así como también a las personas que deben enfrentarse a formas múltiples e interseccionales de discriminación.

Resulta imprescindible elaborar un plan a largo plazo para continuar con el desarrollo de las políticas ya existentes. Para ello, es fundamental que los mecanismos institucionales habilitados para la igualdad de género cuenten con los recursos económicos y los medios materiales y personales necesarios. Solo de esta manera se podrán abordar problemáticas tales como la brecha de género persistente en el empleo y los salarios, la feminización de la pobreza, el impacto negativo sobre las pensiones o la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado no remuneradas y domésticas entre mujeres y hombres.

Es necesario consolidar una legislación que favorezca el cumplimiento de esos propósitos y combata las desigualdades específicas. Asimismo, debe seguir desarrollándose una doctrina jurisprudencial que favorezca la igualdad de trato, resultando fundamental la interpretación del ordenamiento jurídico con perspectiva de género. Por ello, remarcamos la obligación perentoria e inexcusable de procurar una formación integral y continuada en perspectiva de género de todos los operadores que intervienen en la Administración de Justicia.

Es inexcusable combatir sin ambages la incitación al odio sexista, los discursos negacionistas de la violencia de género y los estereotipos de género que siguen calando en la sociedad, y especialmente en los jóvenes. Para ello, es esencial promover la participación y responsabilidad de los hombres y los niños como agentes y beneficiarios del cambio.

Conviene prestar atención a los avances que se están realizando en materia de inteligencia artificial (IA), ya que se ha convertido en un ámbito de importancia estratégica y un motor clave del progreso económico. Aunque puede aportar soluciones a muchos retos sociales, se corre el riesgo de que la misma intensifique las desigualdades de género al encontrarnos con algoritmos poco transparentes o reproducir sesgos de género. Para asegurar que estas nuevas herramientas estén libres de estos déficits, debemos reivindicar que las mujeres formen parte de su desarrollo.

En definitiva, las actuaciones de los poderes públicos y de la sociedad civil deben contribuir activamente a evitar la perpetuación de las desigualdades de género de carácter estructural.

Ante las recientes declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, calificando de «vergüenza» la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso de Dani Alves, y cuestionando que la presunción de inocencia...