COMUNICADO DE MEDEL JUNTO CON VARIAS ASOCIACIONES Y ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL

La Corte Penal Internacional está bajo ataque de EE. UU y otros países:

La Unión Europea debe defender la Corte Penal Internacional (CPI) ante los graves ataques a su mandato y misión, han declarado hoy 58 organizaciones no gubernamentales, entre los que se encuentra MEDEL. Estos ataques podrían socavar la justicia para las víctimas de graves crímenes internacionales en todo el mundo, lo que urge a la UE a actuar para defender el orden legal internacional.

La CPI es la piedra angular de un sistema más amplio de rendición de cuentas, actuando como tribunal de última instancia cuando se bloquean otras vías de acceso a la justicia. La reciente detención y traslado del ex presidente filipino Rodrigo Duterte para enfrentar un cargo de crímenes de lesa humanidad ante la CPI reafirma la relevancia de la Corte y subraya su importancia para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves.

La UE y sus Estados miembros han sido durante mucho tiempo firmes defensores de la CPI y han asumido compromisos jurídicamente vinculantes para promover la universalidad e integridad del Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la Corte. La UE se ha comprometido a apoyar la independencia de la CPI, su cooperación con la Corte y la aplicación del principio de complementariedad, que garantiza que la CPI solo actúe cuando las autoridades nacionales no investiguen y enjuicien debidamente, según corresponda, los crímenes internacionales.

Este firme apoyo ha sido esencial para el funcionamiento de la CPI desde su creación hace más de 20 años. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una orden ejecutiva el 6 de febrero de 2025, autorizando la congelación de activos y la prohibición de entrada a funcionarios de la CPI y otras personas que apoyan la labor de la Corte. Las sanciones estadounidenses dirigidas a la CPI constituyen una afrenta para las víctimas y sus familias. Las sanciones nunca deben ir dirigidas a fiscales, jueces ni a otras personas que buscan una justicia independiente e imparcial para los crímenes internacionales más graves, y suponen un intento por socavar las investigaciones de la CPI a las que se opone EE.UU.

Las sanciones financieras estadounidenses tienen graves efectos que van mucho más allá de los objetivos y podrían provocar que la Corte pierda el acceso a servicios esenciales necesarios para llevar a cabo su mandato. La orden parece diseñada no solo para intimidar a los funcionarios y al personal de la Corte que participan en las investigaciones críticas de la Corte, sino también para inhibir la cooperación más amplia con la CPI, incluyendo la de las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a las víctimas.

Aunque la mayoría de los estados miembros de la UE han condenado las sanciones estadounidenses en declaraciones nacionales y conjuntas, la UE en su conjunto aún no ha expresado su oposición en una declaración oficial, en marcado contraste con sus posiciones claras tras la imposición de sanciones similares por parte de la primera administración Trump en 2020. La expresión de apoyo al mandato de la CPI es bienvenida, pero la UE también debe denunciar claramente las sanciones estadounidenses a la Corte, señalar que no pasarán desapercibidas y pedir a Estados Unidos que anule la orden ejecutiva.

La UE debería, sin más demora, utilizar el Estatuto de Bloqueo ( Blocking Statute) para contrarrestar las sanciones estadounidenses. Este instrumento busca proteger a los operadores europeos de los efectos de las sanciones extraterritoriales y podría contribuir a garantizar que la labor de la Corte continúe sin verse afectada. La Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior y los Estados miembros de la UE también deberían desarrollar otras medidas para mitigar el impacto de las sanciones en la CPI. La Corte, el Parlamento Europeo, varios Estados miembros de la UE y la sociedad civil ya han instado a la Comisión Europea a activar el Estatuto de Bloqueo.

Estas son solo algunas de las numerosas amenazas que enfrenta la CPI, así como los defensores de los derechos humanos que reclaman justicia ante la Corte. Funcionarios de la CPI se enfrentan a órdenes de arresto emitidas por la Federación Rusa en represalia por la decisión de la Corte de emitir una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Mientras tanto, en Rusia ya se ha promulgado una ley que penaliza la cooperación con la Corte y las autoridades israelíes la están considerando. Además, la Corte aún lidia con las consecuencias de un sofisticado ciberataque ocurrido en 2023 y existen acusaciones de que Israel llevó a cabo una campaña de espionaje contra la Corte durante nueve años.

Superar estas amenazas a la justicia también requiere que los Estados miembros de la UE demuestren su firmeza en el cumplimiento de sus propias obligaciones en virtud del Estatuto de Roma. En septiembre, la UE condenó acertadamente el incumplimiento por parte de Mongolia de su obligación, como país miembro de la CPI, de arrestar a Putin.

El 2 de abril, el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, inició una visita a Hungría por invitación del primer ministro húngaro. Al día siguiente, el gobierno húngaro anunció que iniciaría el proceso legislativo para retirar al país de la CPI. Hasta el 4 de abril, Hungría no lo ha arrestado ni entregado a la CPI, ignorando una orden de arresto de la CPI en su contra por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza y sus obligaciones ante la CPI.

Lamentablemente, funcionarios de los gobiernos de varios otros Estados miembros de la Unión Europea, como Francia, Polonia, Italia, Rumanía y Alemania, han declarado recientemente explícitamente que no cumplirán con sus obligaciones o que no se han comprometido a ejecutar la orden de arresto de la corte. Italia también ha devuelto a Libia a un fugitivo de la CPI, aparentemente incumpliendo su obligación de arrestarlo y entregarlo a la CPI.

Sin cooperación ni arrestos, no puede haber justicia ante la CPI. Las señales ambivalentes o incluso negativas sobre la validez de las decisiones de la CPI erosionan el derecho, la práctica y el compromiso de la UE con la justicia internacional y demuestran una lamentable selectividad, transmitiendo el mensaje de que el Estado de derecho es para algunos, pero no para todos.

Los grupos firmantes, ente ellos MEDEL, instaron a los actores de la UE a tomar medidas decisivas para reafirmar su compromiso con el Estado de derecho internacional y su protección, como se indica a continuación:

• • Los líderes de la UE, incluyendo a la Presidenta de la Comisión, la Alta Representante de la UE y el Presidente del Consejo, deberían instar a los gobiernos de toda la UE a respetar la postura de la UE sobre la CPI, incluyendo la cooperación, la universalidad del Estatuto de Roma y la salvaguardia de la independencia de la Corte, y a cumplir con sus obligaciones de proteger, defender y hacer cumplir las decisiones de la Corte.
  • La UE, en particular a través de la Alta representante Kallas, así como el Consejo de la UE, deberían condenar públicamente las sanciones estadounidenses contra la CPI, reafirmar su apoyo inquebrantable a la Corte y a su independencia, e instar a Estados Unidos a revocar la orden ejecutiva que autoriza las sanciones.
  • La Comisión Europea también debería hacer uso sin demora del Estatuto de Bloqueo de la UE, añadiendo a este la orden ejecutiva estadounidense que autoriza las sanciones relacionadas con la CPI, y desarrollar medidas adicionales para proteger a la Corte y contrarrestar el efecto disuasorio de las sanciones sobre quienes cooperan con ella.
  • Los Estados miembros de la UE deben afirmar inequívocamente que cumplirán con todas sus obligaciones legales en virtud del Estatuto de Roma, incluida la ejecución de todas las órdenes de arresto de la CPI, en todas las situaciones ante la Corte.
  • Los líderes de la UE deben esforzarse al máximo para recordar a los Estados miembros sus obligaciones legales de cooperar con la CPI y actuar para prevenir y responder a cualquier caso de falta de cooperación con la CPI.