El agrio debate social sobre la situación del urbanismo en el litoral mediterráneo español, con especial atención a una parte de Andalucía, a Murcia y a la Comunidad Valenciana, nos lleva a manifestar nuestra opinión para intentar proporcionar un poco de luz en un conflicto tan interesadamente opaco.
Hasta hace no mucho, parecía correcta la definición del urbanismo como conjunto de conocimientos referidos al estudio y desarrollo racional del territorio, siendo su eje la relación del ser humano con el medio en el que se desenvuelve y, en particular, con su tierra. Con el paso del tiempo había calado la necesidad de practicar un desarrollo sostenible, la Agenda 21, conciliando el desarrollo urbano con la protección del medio ambiente, del patrimonio cultural y de la calidad de vida de todos los ciudadanos.
Para atender a estos fines, la actividad urbanística se ordena en cuatro fases: el planeamiento, la gestión (ejecución del planeamiento), la disciplina (que comprende el restablecimiento de la legalidad urbanística alterada y el régimen sancionador) y la regulación de los patrimonios públicos del suelo como instrumento de intervención de los poderes públicos en el mercado del suelo.
Sin embargo, la dejación de las administraciones públicas ha adulterado los contenidos de dichas fases.
En la fase de planeamiento los ayuntamientos diseñan el desarrollo urbanístico de los municipios y después, cualquier agente urbanizador puede alterar el proyecto a su antojo mediante determinados instrumentos –v.gr. los PAI-.
La gestión urbanística del planeamiento se ejecuta por los agentes urbanizadores que, muchas veces, controlan los procesos de selección y adjudicación de la gestión, manejan los costes de ejecución sin control municipal y acaban monopolizando las grandes urbanizaciones, el mercado del suelo urbanizable y las plusvalías edificatorias.
En muchos casos, las grandes promotoras inmobiliarias dominan el escenario municipal y los Ayuntamientos no ejercitan sus potestades de disciplina urbanística, rehuyen los enfrentamientos con las grandes empresas y no demuelen lo ilegalmente construido. La impunidad es casi absoluta. La jurisdicción contencioso-administrativa apenas interviene en los conflictos urbanísticos más allá de los litigios de contenido económico y de las disputas privadas sin que se reclame, salvo en contadas ocasiones, su intervención para el ejercicio de la acción pública en defensa de la legalidad urbanística.
La creación de patrimonio público de suelo ha sido escasa. La práctica ha demostrado que muchas veces los suelos públicos obtenidos no se han destinado a fines sociales (viviendas, equipamientos sociales, conservación ambiental…) sino que han sido objeto de un destino, poco ligado a los intereses públicos y mucho al de determinadas empresas y agentes privados, que han obtenido suelo público a bajo coste y con gran rentabilidad lucrativa.
Las afirmaciones anteriores no son fruto de una mirada parcial o interesada del fenómeno urbanístico; se apoyan en las siguientes evidencias:
- El Parlamento Europeo aprobó el 5-12-2005 el llamado informe Fourtou, que pone de manifiesto las irregularidades del urbanísmo valenciano y, en particular, la vulneración del Derecho Comunitario (Directivas 92/50/CEE, 93/37/CEE, 85/337/CEE, 97/11/CE, 2000/60/CE y 2001/42/CE, sobre contratos públicos, evaluación de impacto ambiental y política del agua), denunciando las expropiaciones leoninas, la falta de transparencia y arbitrariedad en las adjudicaciones a los agentes urbanizadores, el desastroso impacto en el medio ambiente, ecología de las costas y abastecimiento de agua, haciendo responsable de ello a los Ayuntamientos y a la Generalitat Valenciana.
- España es el país europeo en el que más se construye, siendo la Comunidad Valenciana la que encabeza el proceso constructivo. Solo hace falta conocer la realidad de nuestros municipios para comprobar la destrucción de litorales costeros, de paisajes emblemáticos, de montes y de masas forestales. Esta situación ni siquiera se maquilla con una política mínima de construcción de viviendas sociales. La depredación del territorio avanza bajo la pasiva mirada –cuando no con la participación cómplice- de las administraciones.
- La Comunidad Valenciana, Murcia y parte de Andalucía, están en proceso de desertización, sus acuíferos están sobreexplotados y sus reservas hídricas son precarias. Sin embargo, se permite la construcción de macrourbanizaciones, se potencia el turismo de piscina y campos de golf, no se exige la previa dotación de un servicio de abastecimiento de aguas ni se estudia el impacto ambiental de las nuevas obras.
Muchas son las víctimas de este estado de cosas. El urbanismo como función pública sería la primera. También la participación de la comunidad en las plusvalías derivadas de la acción urbanística de los entes públicos. Los ciudadanos de hoy vamos perdiendo la posibilidad de disfrutar de un entorno natural, vemos cómo se degrada nuestra calidad de vida. Sufrimos el aumento desmesurado en los precios de la vivienda debido a los incrementos de costes que generan la especulación, la ausencia de rigor y la corrupción. Los ciudadanos de mañana se encontrarán con un país de cemento y ladrillo, marcado por una sobreexplotación hídrica, ambiental y costera que provocará, a medio plazo, la desaparición o disminución de fuentes de ingresos. En última instancia se degrada la confianza del ciudadano en las instituciones al observar que frente a modelos de desarrollo sostenible, se imponen los intereses de particulares o grupos económicos que, mediante prácticas corruptas, pueden imponer sus lucrativos y exclusivos intereses con perjuicio para los de la colectividad y burlar una y otra vez al Estado de Derecho.
La situación es alarmante. La protección del medio ambiente y la confianza en el Estado social y democrático de Derecho se van deteriorando. Desde Jueces para la Democracia reclamamos una implicación de todas las Administraciones en la regeneración de la política urbanística. Somos conscientes de que no hay fórmulas mágicas para solucionar la situación. Muchos son los intereses en juego y poderosos quienes los gestionan sin escrúpulos.
Reformas legislativas que modifiquen el marco jurídico actual, moratorias en la aprobación de los PAI y en la tramitación y concesión de licencias urbanísticas, el replanteo global de nuestros recursos naturales para posibilitar un urbanismo sostenible, la aplicación de la Agenda 21, la redefinición y potenciación del interés público y la exigencia sistemática de estudios de impacto ambiental, son instrumentos que coadyuvarían a mejorar este estado de cosas. Pero también una apuesta firme por la investigación y persecución de la corrupción generada.
La situación actual revela que ni la Fiscalía ni los Juzgados de Instrucción, disponen de medios suficientes. La incapacidad del Estado en detectar, investigar, esclarecer y depurar responsabilidades penales derivadas de la corrupción urbanística, alimenta la extensión del fenómeno. Por ello, reclamamos del Ejecutivo la elaboración de un plan de acción contra la corrupción urbanística que, abordando toda la complejidad del fenómeno, no olvide que sin Fiscalías especializadas y Juzgados adecuadamente dotados, la impunidad continuará siendo una invitación para que muchos continúen por la lucrativa senda del deterioro de nuestro entorno.
Valencia, a 15 de mayo de 2006.
Luis Manglano Sada y José Manuel Ortega Lorente