Artículo de NEKANE SAN MIGUEL BERGARETXE. Magistrada.
Hace unos años y con ocasión de una de las múltiples reformas de las que viene siendo objeto el Código Penal español , miembros de esta Asociación JpD y divers@s juristas, firmamos un Manifiesto titulado “por un debate político-criminal racional”, entre cuyos contenidos me permito subrayar aquí, el énfasis que dábamos a la necesidad de que, para afrontar los problemas de la delincuencia, resultaba imprescindible evaluar, en primer término, el campo y el alcance de las desviaciones en las relaciones de la convivencia social. Para ello, sugeríamos la necesidad del análisis y los estudios estadísticos serios y objetivos, a cargo de equipos multidisciplinares, con el fin de trasladar a la opinión pública los datos resultantes ya que, en democracia, la voluntad popular sólo puede conformarse adecuadamente a partir del conocimiento que hace posible una información rigurosa (artículo 6 CE). Y seguíamos explicando que, una vez identificado el fenómeno desviado al que habría que hacer frente, deberá seleccionarse el instrumento idóneo, porque la política criminal ofrece un amplio abanico de opciones de muy diversa índole: social, educativa, económica y, también, jurídica. En este contexto, el recurso al derecho penal es sólo una de las técnicas disponibles, pero no la única.
Esos datos, imprescindibles para una reflexión sosegada y para obtener resultados eficientes y eficaces, siguen sin ser recabados, y más bien parece que no interesen a los partidos mayoritarios, que, a la postre, son quienes legislan a través de sus “expertos” que redactan las propuestas legislativas “utilizando en la materia procedimientos sesgados, de técnicas propagandísticas dirigidas a deformar la percepción social del riesgo generado por alguna clase de delincuencia y a crear un injustificado clima de alarma, buscando rentabilizarlo en las urnas” (aludido manifiesto).