Las asociaciones judiciales Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, y las asociaciones de fiscales Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales manifiestan, en relación con el Decreto-Ley 8/10, de 20 de mayo, lo siguiente:
1º.- No desconocemos la difícil situación de crisis que padece nuestro país, que afecta a más de 4 millones y medio de parados y a muchos sectores sociales que se han visto empobrecidos; por ello renunciamos en 2008 a una revisión de nuestros sueldos, como preveía nuestra Ley de Retribuciones de 2003 y por ello no nos opondríamos a una reducción salarial, si es que es realmente la única solución a una crisis económica de la que no somos responsables los empleados públicos. Pero no podemos admitir que tal reducción se haga en una medida desproporcionada e injustificada y que se lleve a cabo sin explorar otras soluciones de reducción del gasto público, ya que no afecta a toda la función pública -no está claro si vincula a las administraciones locales y empresas públicas, ni es para todos por igual.
2º Las retribuciones de las Carreras Judicial y Fiscal han sido sometidas a una reducción muy superior a la de otros empleados públicos de igual titulación y similar consideración. La reducción del sueldo en un porcentaje del 9,73% y de los complementos en otro del 6% supone una insoportable reducción de los emolumentos y una diferencia de trato en relación con otros empleados públicos que carece de justificación alguna, salvo que se haga desde el desconocimiento de lo que son las Carreras Judicial y Fiscal o que se pretenda atacar al Poder Judicial de forma encubierta. La retribución de jueces y fiscales obedece al régimen en el que desempeñamos nuestras funciones en el Estado Español y al extremo e incomparable régimen de incompatibilidades que soportamos.
3º.- En consecuencia, entendemos que el sacrificio que se nos impone debe ser, en cualquier caso, similar al que se solicita del resto de cuerpos del Estado de similar nivel profesional, pero no superior, y que, de consolidarse la medida, supondría una penosa agravación de nuestras condiciones salariales, no proporcionadas a nuestro nivel de responsabilidad ni apropiadas para un Estado Democrático de Derecho.
4º.- La ausencia de explicación y de respuesta razonables del Ministerio de Justicia a este trato diferencial nos obliga a adoptar una respuesta proporcionada a la intensidad del agravio, en defensa de nuestros derechos laborales, y por ello:
- Instamos a la Carrera Judicial y Fiscal al cumplimiento estricto de la carga de trabajo razonablemente exigible; no estamos dispuestos a seguir supliendo las carencias de un sistema de las que en absoluto somos responsables con nuestro exclusivo esfuerzo;
- Valoramos la realización de jornadas de movilización y protesta, incluida la huelga;
- Interpondremos todos los recursos que la ley permita en defensa de nuestros derechos.
En Madrid, a 26 de mayo de 2010