REUNION DEL 26 DE ABRIL DE 1987
Jueces para la Democracia ha tenido conocimiento por la prensa del expediente disciplinario abierto al Juez de 1ª Instancia de Puerto del Rosario, a partir de una simple «información confidencial», informal y ni siquiera ratificada, de la Policía, remitida por el Delegado del Gobierno de las islas al Consejo General del Poder Judicial por conducto de la Sala de Gobierno de aquel territorio.
Más allá de la falta o no de veracidad del contenido de esa comunicación -que ha sido tachada de rigurosamente falso por todos los concernidos-, en la actuación de los órganos de gobierno de la Administración de Justicia del archipiélago y del Poder Judicial, se ha incurrido en inadmisible ligereza al legitimar con sus actuaciones otra de la Policía rigurosamente antijurídica y seriamente atentatoria contra la independencia de un juez y contra su derecho a la intimidad.
Por todo ello, se exige del Consejo General del Poder Judicial:
1.- el inmediato archivo del expediente;
2.- que se dé traslado del informe confidencial de la Policía al Ministerio Fiscal para el ejercicio de la acción penal, y
3.- que formule la más enérgica protesta ante el Gobierno de la nación, por el hecho comprobado de que la Policía realiza investigaciones sobre conductas que en ningún caso tendrían carácter de delictivas, relativas a la actividad profesional y a la vida privada de un juez y de otros ciudadanos.