Solo existe un mundo posible donde la justicia debe ser un valor democrático esencial y donde debe prevalecer la independencia del poder judicial, los principios del estado de derecho y separación de poderes.
Aunque la cruel noticia de la invasión de Ucrania es la que más nos ocupa y preocupa en este momento, MEDEL permanece atenta a los ataques a estos principios en muchos países y en especial en Túnez, país donde a pesar de las muchas dificultades habidas tras la Revolución de los Jazmines, un estado democrático de derecho era posible.
Varios miembros de MEDEL tuvieron la oportunidad de visitar en misión ese país y apreciar la hospitalidad del pueblo tunecino y su compromiso con el cambio democrático iniciado por la revolución.
Todos nos acordamos de las imágenes del levantamiento tunecino de diciembre de 2010 a enero de 2011. Esta súbita manifestación de la fuerza popular en defensa de los ideales democráticos llegó a muchos otros países árabes.
El interés por la «primavera árabe» se debilitó, sin embargo, cuando, a pesar de las legítimas aspiraciones de los pueblos, se instalaron regímenes autoritarios tolerados por el concierto de naciones en nombre de la lucha contra el terrorismo islámico.
En Túnez, sin embargo, se creía que este momento histórico se había estabilizado en el tiempo gracias a una transición exitosa hacia una Constitución innovadora y una sociedad civil activa. La justicia tuvo un papel central en la reforma de la organización institucional. Se esperaba que la Constitución lograra una transformación significativa: se proclamó la independencia de todos los sistemas de justicia -administrativa, financiera y judicial-, incluidos los miembros del Ministerio Público.
En este nuevo panorama institucional, la creación de un nuevo Consejo Superior de la Judicatura se convirtió en la piedra angular de la construcción de un poder judicial independiente. En el CSM creado por la constitución y la ley, los/as jueces/zas, académicos/as y abogados/as eran elegidos/as por sus pares.
El CSM tenía autonomía administrativa y financiera. Eligió a su presidente de entre sus miembros, que eran magistrados del más alto rango, y elaboró un proyecto de presupuesto, que presentó a la comisión competente del Parlamento.
¿El fin de la transición al Estado de Derecho democrático en Túnez?
Tras asumir plenos poderes al congelar el Parlamento, el presidente tunecino Kaïs Saïed atacó al poder judicial. Primero, anunció su intención de disolver el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), lo que fue denunciado por todos los organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Unión Europea, que apoya la transición democrática del país.
El presidente Kaïs Saïed, a pesar de todo, ha dictado el decreto de disolución del Consejo Superior de la Magistratura y ha constituido un consejo provisional, sin límite de tiempo.
Cada uno de los tres consejos está compuesto por cuatro miembros que lo ocupan por razón del cargo. Para el poder judicial, estos son los presidentes del Tribunal de Casación, el Director de los Servicios Judiciales del Ministerio de Justicia y el Presidente del «Tribunal de Bienes Raíces» de Túnez. Además, hay tres miembros designados por el presidente que deben ser designados entre quienes estén ya jubilados.
El presidente puede «oponerse» a los traslados y ascensos decididos por el consejo provisional. Si éste no cumple, el presidente puede decidir por sí mismo sobre los magistrados interesados.
En materia disciplinaria, corresponderá al presidente solicitar al CSM la destitución de los/as magistrados/as designados/as por él. La CSM estará entonces obligada a suspender a los magistrados interesados y decidir en el plazo de un mes. Si no se cumple este plazo, el presidente mismo destituirá a los jueces.
Todos los nuevos miembros del sumo consejo provisional ya han prestado juramento.
La violación de la Constitución por la disolución del CSM y la posterior toma de posesión de un CSM «provisional» por parte del poder ejecutivo socava gravemente el estado de derecho, el principio de la separación de poderes y la independencia del poder judicial consagrados en el derecho internacional.
MEDEL no puede quedarse callada ante estos graves hechos en Túnez y seguirá movilizándose junto a los jueces tunecinos, y todos los demócratas de este país, que aspiran a un futuro sereno en una democracia plena, donde una justicia independiente y el derecho de defensa ocupen el lugar que corresponde.