Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, ante la situación que se desarrolla en los territorios ocupados palestinos, especialmente en Gaza, y sobre la base de informes y resoluciones de...

La designación de las presidencias de Sala en el Tribunal Supremo por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que acaba de tener lugar constituye un paso atrás en las políticas de igualdad que debieran caracterizar el quehacer de esta institución, pues ha provocado que de nuevo la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo tenga una composición mayoritariamente masculina. Tras los recientes nombramientos, de las cinco salas que compone el Tribunal Supremo sólo hay una presidenta (Sala Social), mientras que las otras cuatro (Civil, Penal, Contencioso y Militar) las presiden hombres. Una proporción inaceptable, que desconoce el art. 599.1.4ª LOPJ, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

El mensaje que transmite el órgano de gobierno del poder judicial es desolador, dado que debe ser el primero en cumplir la Constitución y las normas a las que todo poder público está sujeto. El principio de legalidad exige un comportamiento leal que no ha existido.

JJpD considera inaceptable esta situación. Creíamos que el actual CGPJ tenía intención de superarla. En esta ocasión se contaba con candidatas de incuestionable currículo, mérito y capacidad, reconocido por todas las instancias que evacuaron informe, que se han visto obligadas a renunciar ante el innegable e injustificado veto de las y los vocales conservadores.

Las políticas de igualdad son imperativas porque, como se ha demostrado en este caso, siguen existiendo resistencias inadmisibles a que se produzcan nombramientos femeninos en los más altos cargos judiciales con el fin de equilibrar el número de magistradas en puestos de relevancia.

Juezas y Jueces para la Democracia continuará exigiendo que esas políticas se cumplan y reclama del CGPJ que no abandone la búsqueda de una presencia real y efectiva de magistradas y juezas en los puestos de mayor responsabilidad judicial. Solo de esta manera se cumplirá con el principio de legalidad.

SECRETARIADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA

El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia reclama al gobierno y al Consejo General del Poder Judicial una gran convocatoria de plazas en la oposición de acceso a la carrera judicial con el fin de que las reformas legales ya aprobadas en el caso de los tribunales de instancia, y las que se anuncian, como la reforma de la LOPJ o la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, puedan aplicarse sin incrementar la sobrecarga que ya padecen muchos tribunales y garantizando que la administración de justicia preste un servicio ágil y de calidad a los profesionales y la sociedad.

Las medidas que ayer anunciaba el gobierno van el camino adecuado porque el sistema de becas públicas para preparar oposiciones a judicatura y fiscalía permite que la falta de recursos económicos no se convierta en un obstáculo, lo que al establecerse con rango legal evitará que, como sucedió en el pasado, sean convocadas o no según decida cada gobierno. También es un acierto haber suprimido la fase de sustitución y refuerzo en la Escuela Judicial, pues su alumnado no podía enjuiciar con plena independencia judicial si su labor jurisdiccional es objeto de valoración por la Escuela. Por otro lado, retirar del anteproyecto el traslado forzoso tras el ascenso automático de categoría contribuye a conciliar la vida profesional y familiar y prestar un mejor servicio en los juzgados, puesto que no se producirán cambios de titulares, lo que ha sido un empeño de Juezas y Jueces para la Democracia que de forma insistente lo ha reclamado al gobierno.

Consideramos un avance que para el acceso a la carrera judicial se recupere una prueba práctica escrita, que en su día fue injustificado suprimir y que realizan todos los cuerpos superiores de la administración pública. Igualmente nos parece un avance modificar el acceso por el cuarto turno para que primero tenga lugar una prueba eliminatoria, como sucede con el turno libre, y luego la fase de baremación de méritos. En este apartado consideramos un avance que la preparación a la oposición sea más transparente, declarándose en todo caso tal actividad, y que exista un centro público nacional que pueda atender con fondos públicos a quienes lo reclamen.

Apoyamos las medidas de igualdad que introduce la propuesta de reforma de la LOPJ que hoy se presenta en las Cortes, pues entendemos esencial una política en tal sentido que garantice, como recoge el proyecto de ley, la paridad en la conformación de tribunales de oposición y en la Comisión de Ética Judicial. En este último entendemos acertado que se incorporen catedráticas y catedráticos de filosofía y ética, puesto que el comportamiento de los jueces en sus relaciones sociales es cuestión que no sólo interesa a la judicatura sino a toda la sociedad.

Nos parece que los intentos de democratizar los órganos de gobierno de los tribunales son esenciales, siendo un acierto suprimir el voto postal y permitir el voto telemático, como ya sucede para designar la Comisión de Ética Judicial, reducir el número de votos de cada elector como en el Senado y optar porque las Salas de Gobierno trabajen en pleno, pues son fórmulas que propician que tales órganos reflejen el pluralismo que caracteriza la carrera judicial.

Por otro lado, nos parece una buena práctica exigir que la financiación de las asociaciones judiciales sea exclusivamente pública, aunque para ello será preciso incrementar la dotación presupuestaria que en la actualidad se destina a esa finalidad. Finalmente entendemos que la situación de abuso de temporalidad que padece la justicia interina tiene remedio a través de los actuales cauces de incorporación por el cuarto turno, sin que ello repercuta negativamente en el escalafón.

Respetando el trámite parlamentario que ahora se inicia reclamamos que no se aguarde a su finalización para realizar una amplísima convocatoria de plazas judiciales de los turnos libre y cuarto, y que ese esfuerzo se mantenga en años sucesivos para poder alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura española, que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad.

SECRETARIADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA

El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia reclama al gobierno y al Consejo General del Poder Judicial una gran convocatoria de plazas en la oposición de acceso a la carrera judicial con el fin de que las reformas legales ya aprobadas en el caso de los tribunales de instancia, y las que se anuncian, como la reforma de la LOPJ o la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, puedan aplicarse sin incrementar la sobrecarga que ya padecen muchos tribunales y garantizando que la administración de justicia preste un servicio ágil y de calidad a los profesionales y la sociedad.

Las medidas que ayer anunciaba el gobierno van el camino adecuado porque el sistema de becas públicas para preparar oposiciones a judicatura y fiscalía permite que la falta de recursos económicos no se convierta en un obstáculo, lo que al establecerse con rango legal evitará que, como sucedió en el pasado, sean convocadas o no según decida cada gobierno. También es un acierto haber suprimido la fase de sustitución y refuerzo en la Escuela Judicial, pues su alumnado no podía enjuiciar con plena independencia judicial si su labor jurisdiccional es objeto de valoración por la Escuela. Por otro lado, retirar del anteproyecto el traslado forzoso tras el ascenso automático de categoría contribuye a conciliar la vida profesional y familiar y prestar un mejor servicio en los juzgados, puesto que no se producirán cambios de titulares, lo que ha sido un empeño de Juezas y Jueces para la Democracia que de forma insistente lo ha reclamado al gobierno.

Consideramos un avance que para el acceso a la carrera judicial se recupere una prueba práctica escrita, que en su día fue injustificado suprimir y que realizan todos los cuerpos superiores de la administración pública. Igualmente nos parece un avance modificar el acceso por el cuarto turno para que primero tenga lugar una prueba eliminatoria, como sucede con el turno libre, y luego la fase de baremación de méritos. En este apartado consideramos un avance que la preparación a la oposición sea más transparente, declarándose en todo caso tal actividad, y que exista un centro público nacional que pueda atender con fondos públicos a quienes lo reclamen.

Apoyamos las medidas de igualdad que introduce la propuesta de reforma de la LOPJ que hoy se presenta en las Cortes, pues entendemos esencial una política en tal sentido que garantice, como recoge el proyecto de ley, la paridad en la conformación de tribunales de oposición y en la Comisión de Ética Judicial. En este último entendemos acertado que se incorporen catedráticas y catedráticos de filosofía y ética, puesto que el comportamiento de los jueces en sus relaciones sociales es cuestión que no sólo interesa a la judicatura sino a toda la sociedad.

Nos parece que los intentos de democratizar los órganos de gobierno de los tribunales son esenciales, siendo un acierto suprimir el voto postal y permitir el voto telemático, como ya sucede para designar la Comisión de Ética Judicial, reducir el número de votos de cada elector como en el Senado y optar porque las Salas de Gobierno trabajen en pleno, pues son fórmulas que propician que tales órganos reflejen el pluralismo que caracteriza la carrera judicial.

Por otro lado, nos parece una buena práctica exigir que la financiación de las asociaciones judiciales sea exclusivamente pública, aunque para ello será preciso incrementar la dotación presupuestaria que en la actualidad se destina a esa finalidad. Finalmente entendemos que la situación de abuso de temporalidad que padece la justicia interina tiene remedio a través de los actuales cauces de incorporación por el cuarto turno, sin que ello repercuta negativamente en el escalafón.

Respetando el trámite parlamentario que ahora se inicia reclamamos que no se aguarde a su finalización para realizar una amplísima convocatoria de plazas judiciales de los turnos libre y cuarto, y que ese esfuerzo se mantenga en años sucesivos para poder alcanzar el objetivo de una dotación suficiente de la judicatura española, que permita cargas de trabajo saludables, reponer el elevado número de jubilaciones que se están produciendo y mejorar la calidad y rapidez del servicio que prestamos a la sociedad.

SECRETARIADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA

La igualdad de género es un valor central de nuestro ordenamiento jurídico, un derecho fundamental y un principio general del derecho constitucionalizado.

Ante un nuevo 8 de marzo, desde Juezas y Jueces para la Democracia, debemos insistir en la necesidad de garantizar que las políticas de igualdad de género y los instrumentos que las desarrollan alcancen y beneficien a todas las mujeres, niñas y niños, así como también a las personas que deben enfrentarse a formas múltiples e interseccionales de discriminación.

Resulta imprescindible elaborar un plan a largo plazo para continuar con el desarrollo de las políticas ya existentes. Para ello, es fundamental que los mecanismos institucionales habilitados para la igualdad de género cuenten con los recursos económicos y los medios materiales y personales necesarios. Solo de esta manera se podrán abordar problemáticas tales como la brecha de género persistente en el empleo y los salarios, la feminización de la pobreza, el impacto negativo sobre las pensiones o la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado no remuneradas y domésticas entre mujeres y hombres.

Es necesario consolidar una legislación que favorezca el cumplimiento de esos propósitos y combata las desigualdades específicas. Asimismo, debe seguir desarrollándose una doctrina jurisprudencial que favorezca la igualdad de trato, resultando fundamental la interpretación del ordenamiento jurídico con perspectiva de género. Por ello, remarcamos la obligación perentoria e inexcusable de procurar una formación integral y continuada en perspectiva de género de todos los operadores que intervienen en la Administración de Justicia.

Es inexcusable combatir sin ambages la incitación al odio sexista, los discursos negacionistas de la violencia de género y los estereotipos de género que siguen calando en la sociedad, y especialmente en los jóvenes. Para ello, es esencial promover la participación y responsabilidad de los hombres y los niños como agentes y beneficiarios del cambio.

Conviene prestar atención a los avances que se están realizando en materia de inteligencia artificial (IA), ya que se ha convertido en un ámbito de importancia estratégica y un motor clave del progreso económico. Aunque puede aportar soluciones a muchos retos sociales, se corre el riesgo de que la misma intensifique las desigualdades de género al encontrarnos con algoritmos poco transparentes o reproducir sesgos de género. Para asegurar que estas nuevas herramientas estén libres de estos déficits, debemos reivindicar que las mujeres formen parte de su desarrollo.

En definitiva, las actuaciones de los poderes públicos y de la sociedad civil deben contribuir activamente a evitar la perpetuación de las desigualdades de género de carácter estructural.