Acuerdos 34 Congreso

La igualdad de género es un valor central de nuestro ordenamiento jurídico, un derecho fundamental y un principio general del derecho constitucionalizado.

Ante un nuevo 8 de marzo, desde Juezas y Jueces para la Democracia, debemos insistir en la necesidad de garantizar que las políticas de igualdad de género y los instrumentos que las desarrollan alcancen y beneficien a todas las mujeres, niñas y niños, así como también a las personas que deben enfrentarse a formas múltiples e interseccionales de discriminación.

Resulta imprescindible elaborar un plan a largo plazo para continuar con el desarrollo de las políticas ya existentes. Para ello, es fundamental que los mecanismos institucionales habilitados para la igualdad de género cuenten con los recursos económicos y los medios materiales y personales necesarios. Solo de esta manera se podrán abordar problemáticas tales como la brecha de género persistente en el empleo y los salarios, la feminización de la pobreza, el impacto negativo sobre las pensiones o la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado no remuneradas y domésticas entre mujeres y hombres.

Es necesario consolidar una legislación que favorezca el cumplimiento de esos propósitos y combata las desigualdades específicas. Asimismo, debe seguir desarrollándose una doctrina jurisprudencial que favorezca la igualdad de trato, resultando fundamental la interpretación del ordenamiento jurídico con perspectiva de género. Por ello, remarcamos la obligación perentoria e inexcusable de procurar una formación integral y continuada en perspectiva de género de todos los operadores que intervienen en la Administración de Justicia.

Es inexcusable combatir sin ambages la incitación al odio sexista, los discursos negacionistas de la violencia de género y los estereotipos de género que siguen calando en la sociedad, y especialmente en los jóvenes. Para ello, es esencial promover la participación y responsabilidad de los hombres y los niños como agentes y beneficiarios del cambio.

Conviene prestar atención a los avances que se están realizando en materia de inteligencia artificial (IA), ya que se ha convertido en un ámbito de importancia estratégica y un motor clave del progreso económico. Aunque puede aportar soluciones a muchos retos sociales, se corre el riesgo de que la misma intensifique las desigualdades de género al encontrarnos con algoritmos poco transparentes o reproducir sesgos de género. Para asegurar que estas nuevas herramientas estén libres de estos déficits, debemos reivindicar que las mujeres formen parte de su desarrollo.

En definitiva, las actuaciones de los poderes públicos y de la sociedad civil deben contribuir activamente a evitar la perpetuación de las desigualdades de género de carácter estructural.

La igualdad de género es un valor central de nuestro ordenamiento jurídico, un derecho fundamental y un principio general del derecho constitucionalizado.

Ante un nuevo 8 de marzo, desde Juezas y Jueces para la Democracia, debemos insistir en la necesidad de garantizar que las políticas de igualdad de género y los instrumentos que las desarrollan alcancen y beneficien a todas las mujeres, niñas y niños, así como también a las personas que deben enfrentarse a formas múltiples e interseccionales de discriminación.

Resulta imprescindible elaborar un plan a largo plazo para continuar con el desarrollo de las políticas ya existentes. Para ello, es fundamental que los mecanismos institucionales habilitados para la igualdad de género cuenten con los recursos económicos y los medios materiales y personales necesarios. Solo de esta manera se podrán abordar problemáticas tales como la brecha de género persistente en el empleo y los salarios, la feminización de la pobreza, el impacto negativo sobre las pensiones o la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado no remuneradas y domésticas entre mujeres y hombres.

Es necesario consolidar una legislación que favorezca el cumplimiento de esos propósitos y combata las desigualdades específicas. Asimismo, debe seguir desarrollándose una doctrina jurisprudencial que favorezca la igualdad de trato, resultando fundamental la interpretación del ordenamiento jurídico con perspectiva de género. Por ello, remarcamos la obligación perentoria e inexcusable de procurar una formación integral y continuada en perspectiva de género de todos los operadores que intervienen en la Administración de Justicia.

Es inexcusable combatir sin ambages la incitación al odio sexista, los discursos negacionistas de la violencia de género y los estereotipos de género que siguen calando en la sociedad, y especialmente en los jóvenes. Para ello, es esencial promover la participación y responsabilidad de los hombres y los niños como agentes y beneficiarios del cambio.

Conviene prestar atención a los avances que se están realizando en materia de inteligencia artificial (IA), ya que se ha convertido en un ámbito de importancia estratégica y un motor clave del progreso económico. Aunque puede aportar soluciones a muchos retos sociales, se corre el riesgo de que la misma intensifique las desigualdades de género al encontrarnos con algoritmos poco transparentes o reproducir sesgos de género. Para asegurar que estas nuevas herramientas estén libres de estos déficits, debemos reivindicar que las mujeres formen parte de su desarrollo.

En definitiva, las actuaciones de los poderes públicos y de la sociedad civil deben contribuir activamente a evitar la perpetuación de las desigualdades de género de carácter estructural.

La igualdad de género es un valor central de nuestro ordenamiento jurídico, un derecho fundamental y un principio general del derecho constitucionalizado.

Ante un nuevo 8 de marzo, desde Juezas y Jueces para la Democracia, debemos insistir en la necesidad de garantizar que las políticas de igualdad de género y los instrumentos que las desarrollan alcancen y beneficien a todas las mujeres, niñas y niños, así como también a las personas que deben enfrentarse a formas múltiples e interseccionales de discriminación.

Resulta imprescindible elaborar un plan a largo plazo para continuar con el desarrollo de las políticas ya existentes. Para ello, es fundamental que los mecanismos institucionales habilitados para la igualdad de género cuenten con los recursos económicos y los medios materiales y personales necesarios. Solo de esta manera se podrán abordar problemáticas tales como la brecha de género persistente en el empleo y los salarios, la feminización de la pobreza, el impacto negativo sobre las pensiones o la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado no remuneradas y domésticas entre mujeres y hombres.

Es necesario consolidar una legislación que favorezca el cumplimiento de esos propósitos y combata las desigualdades específicas. Asimismo, debe seguir desarrollándose una doctrina jurisprudencial que favorezca la igualdad de trato, resultando fundamental la interpretación del ordenamiento jurídico con perspectiva de género. Por ello, remarcamos la obligación perentoria e inexcusable de procurar una formación integral y continuada en perspectiva de género de todos los operadores que intervienen en la Administración de Justicia.

Es inexcusable combatir sin ambages la incitación al odio sexista, los discursos negacionistas de la violencia de género y los estereotipos de género que siguen calando en la sociedad, y especialmente en los jóvenes. Para ello, es esencial promover la participación y responsabilidad de los hombres y los niños como agentes y beneficiarios del cambio.

Conviene prestar atención a los avances que se están realizando en materia de inteligencia artificial (IA), ya que se ha convertido en un ámbito de importancia estratégica y un motor clave del progreso económico. Aunque puede aportar soluciones a muchos retos sociales, se corre el riesgo de que la misma intensifique las desigualdades de género al encontrarnos con algoritmos poco transparentes o reproducir sesgos de género. Para asegurar que estas nuevas herramientas estén libres de estos déficits, debemos reivindicar que las mujeres formen parte de su desarrollo.

En definitiva, las actuaciones de los poderes públicos y de la sociedad civil deben contribuir activamente a evitar la perpetuación de las desigualdades de género de carácter estructural.

La igualdad de género es un valor central de nuestro ordenamiento jurídico, un derecho fundamental y un principio general del derecho constitucionalizado.

Ante un nuevo 8 de marzo, desde Juezas y Jueces para la Democracia, debemos insistir en la necesidad de garantizar que las políticas de igualdad de género y los instrumentos que las desarrollan alcancen y beneficien a todas las mujeres, niñas y niños, así como también a las personas que deben enfrentarse a formas múltiples e interseccionales de discriminación.

Resulta imprescindible elaborar un plan a largo plazo para continuar con el desarrollo de las políticas ya existentes. Para ello, es fundamental que los mecanismos institucionales habilitados para la igualdad de género cuenten con los recursos económicos y los medios materiales y personales necesarios. Solo de esta manera se podrán abordar problemáticas tales como la brecha de género persistente en el empleo y los salarios, la feminización de la pobreza, el impacto negativo sobre las pensiones o la distribución desigual de las responsabilidades de cuidado no remuneradas y domésticas entre mujeres y hombres.

Es necesario consolidar una legislación que favorezca el cumplimiento de esos propósitos y combata las desigualdades específicas. Asimismo, debe seguir desarrollándose una doctrina jurisprudencial que favorezca la igualdad de trato, resultando fundamental la interpretación del ordenamiento jurídico con perspectiva de género. Por ello, remarcamos la obligación perentoria e inexcusable de procurar una formación integral y continuada en perspectiva de género de todos los operadores que intervienen en la Administración de Justicia.

Es inexcusable combatir sin ambages la incitación al odio sexista, los discursos negacionistas de la violencia de género y los estereotipos de género que siguen calando en la sociedad, y especialmente en los jóvenes. Para ello, es esencial promover la participación y responsabilidad de los hombres y los niños como agentes y beneficiarios del cambio.

Conviene prestar atención a los avances que se están realizando en materia de inteligencia artificial (IA), ya que se ha convertido en un ámbito de importancia estratégica y un motor clave del progreso económico. Aunque puede aportar soluciones a muchos retos sociales, se corre el riesgo de que la misma intensifique las desigualdades de género al encontrarnos con algoritmos poco transparentes o reproducir sesgos de género. Para asegurar que estas nuevas herramientas estén libres de estos déficits, debemos reivindicar que las mujeres formen parte de su desarrollo.

En definitiva, las actuaciones de los poderes públicos y de la sociedad civil deben contribuir activamente a evitar la perpetuación de las desigualdades de género de carácter estructural.

Ante las recientes declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, calificando de «vergüenza» la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el caso de Dani Alves, y cuestionando que la presunción de inocencia...