Juezas y Jueces para la Democracia quiere expresar su profunda preocupación ante el progresivo abandono de las políticas públicas especializadas en materia de violencia contra la mujer, del que el reciente proyecto municipal «Parroquias Seguras» del Ayuntamiento de Zaragoza constituye el último y especialmente grave episodio.

No se trata de un hecho aislado. El mismo Ayuntamiento de Zaragoza eliminó en 2025 los Puntos Violeta (espacios especializados de atención con perspectiva de género) y ha realizado recortes presupuestarios en la Casa de la Mujer.

Lo que ahora se pretende es la derivación de las mujeres víctimas de violencia de género a parroquias católicas. Esta secuencia revela una estrategia sostenida de desmantelamiento de lo público en un ámbito donde el Estado tiene obligaciones positivas irrenunciables, y no una mera acumulación de decisiones puntuales.

La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual, configuran un sistema de atención a las víctimas articulado sobre pilares que no son disponibles para ninguna administración: especialización profesional, perspectiva de género e institucionalidad pública. El artículo 16.3 de la Constitución añade una exigencia que no admite excepciones: la aconfesionalidad del Estado. Delegar en instituciones religiosas funciones que corresponden al poder público no es una solución innovadora: es un retroceso que vulnera ambos mandatos simultáneamente.

La especialización de las Secciones de Violencia contra la Mujer de los Tribunales de Instancia tiene como finalidad asegurar que la atención a una víctima garantice el proceso de protección. Sustituir recursos públicos especializados por espacios sin formación homologada ni perspectiva de género acreditada no es neutro: tiene consecuencias directas sobre la seguridad y la vida de las mujeres.

Esta asociación exige a las administraciones públicas que cumplan las obligaciones que les imponen la legislación nacional y el Convenio de Estambul: reforzar y no desmantelar los servicios especializados de atención a víctimas de violencia contra la mujer, garantizando su financiación, su carácter laico y su rigor profesional.

La vida de las mujeres no admite políticas de sustitución ni experimentos institucionales.

21 de mayo de 2026.

SECCIÓN TERRITORIAL DE ARAGÓN DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA