La Sección Tercera fue objeto constante de presión mediática y política por sus resoluciones relativas a la autorización de parques eólicos.

1.– El pasado 6 de marzo de 2026 tuvo lugar, en acto público, la toma de posesión de la nueva Presidenta de la Sala de lo Contencioso – Administrativo (CA) del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

2.– Mediante acuerdos datados el 12 de marzo de 2026, una de las primeras y sorpresivas medidas de la nueva presidencia de la Sala CA (no prevista en su programa de gobierno sometido a examen del Consejo General del Poder Judicial el mes pasado) fue el desmantelamiento de la actual Sección 3ª, que venía conociendo de los procedimientos judiciales sobre las autorizaciones administrativas relativas a parques eólicos en territorio gallego, las suspensiones cautelares de su construcción, y cuestiones de contratación administrativa, como las que afectan a concesiones  hospitalarias, como la del Hospital Álvaro Cunqueiro.

3.– Tales acuerdos de la nueva presidencia de la Sala CA apelan a facultades gubernativas que tienen por función cuestiones meramente organizativas y que no pueden entrar a discutir o determinar conscientemente los criterios jurisdiccionales que cada Sección pueda haber adoptado. Además, legalmente, para evitar la mera decisión unilateral, esas decisiones deben atender a “criterios aprobados anualmente por la Sala de gobierno” (art. 198.1 LOPJ). No consta que la Sala de gobierno del TSJ de Galicia haya aprobado hasta el día de hoy criterios como los aducidos en los citados acuerdos o, desde luego, no los publicitó.

Ante esa carencia de criterios rectos, los acuerdos apelan formalmente a “un crecimiento profesional y una oportunidad en la carrera profesional” de los propios magistrados/as, así como genéricas “necesidades organizativas”.

También, en el caso de un magistrado, se desliza en el acuerdo que fueron acogidas por el Tribunal Supremo tres concretas recusaciones en tres concretas causas. Refiere que eso podría afectar a la imagen del Tribunal. Las causas de recusación apelan a la relación del magistrado con un concreto asunto y son resueltas jurisdiccionalmente por la propia Sala o por los órganos concretos llamados a resolver de los recursos. Son habituales en la vida normal de los tribunales. No hay justificación para extender lo analizado respecto de un concreto asunto, a toda la materia que trata una Sección.

4.– Estos acuerdos gubernativos de la nueva presidencia de la Sala CA suponen de facto deshacer la composición de un órgano judicial que venía resolviendo asuntos de materias concretas. Aparta a la mitad de las personas que componían esa Sección. Lo hace mediante el traslado forzoso de sección de dos de los cuatro magistrados/as que formaban parte de la Sección 3ª, siendo sustituidos por un nuevo magistrado y una nueva magistrada de reciente incorporación a la Sección 4ª de la Sala CA del TSJ.

Queremos llamar la atención de lo inusual de un traslado forzoso de tanta envergadura como el producido y las formas con las que se realiza.

El procedimiento habitual de cambio de magistrados/as entre secciones es el concurso interno voluntario cuando existen vacantes.  Cuando la Presidencia propone una reorganización, lo normal es la consulta previa a los presidentes/as de las secciones y a los magistrados/as afectados/as. Además, se suelen realizar cambios puntuales de manera individual, para evitar perturbaciones en el trabajo común de la Sección, ya que su carácter altamente especializado impone la necesidad de un conocimiento profundo de las materias que se someten a deliberación.

En el caso que nos ocupa, este traslado forzoso de cuatro magistrados/as afecta a la composición y funcionamiento de dos de las cuatro secciones de la Sala, y fue adoptado sin audiencia previa ni consultas informales ni a las personas afectadas ni a los presidentes de las respectivas secciones.

Ninguno de los cuatro trasladados/as tiene experiencia previa en esta Sala en las concretas materias que les son encomendadas, lo que previsiblemente ocasionará en los primeros tiempos una evidente disfuncionalidad en el trabajo de ambas secciones, donde resulta relevante el conocimiento normativo y jurisprudencial, y de los precedentes de la propia Sección.

5.– Al contar la Sección 3ª sólo con cuatro magistrados/as, apartar a la mitad afecta directamente a la continuidad de los criterios jurisdiccionales defendidos y suscita serias dudas de que eso no esté en la intención de la decisión. Conviene recordar que esa Sección atendía materias de tanta trascendencia, mediática y social, como son las autorizaciones administrativas relativas a parques eólicos en territorio gallego, o la contratación administrativa.

6.– No es la primera ocasión en que esta Sección Territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, como también la propia Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, tuvo que reclamar públicamente el respeto hacia la tarea de los integrantes de la citada Sección 3ª. Todo eso ante declaraciones públicas que cuestionaban su labor y sus decisiones al margen de los canales legalmente previstos para combatir las mismas.

Durante los últimos meses y años fueron habituales desmedidas declaraciones de determinados responsables políticos y empresariales poniendo en entredicho no sólo las resoluciones de la Sección 3ª de la Sala CA, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes.

Ante los recientes acuerdos y dado que los motivos formales aducidos por la Presidencia casan mal con el efecto real que van a producir en el funcionamiento de las secciones afectadas, no es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido: el cambio de la composición de la Sección del TSJ de Galicia que conoce de los litigios sobre los parques eólicos en Galicia.

La imagen del Tribunal y de su independencia quedan muy afectadas. La especial trascendencia mediática y social de los asuntos de los cuales venía conociendo la Sección 3ª de la Sala del C-A del TSX de Galicia, unida al sorpresivo y difícilmente explicable cambio de su actual composición, podría trasladar a la ciudadanía una sospecha, esperamos que infundada, en la finalidad perseguida por la decisión gubernativa adoptada, así como la imagen de que el poder judicial se estaría doblando a los intereses de algunas de las partes en los litigios señalados.

7.– El art. 24.2 de la Constitución recoge el derecho al juez/a ordinario predeterminado por la ley, y el art. 117.1 de la Constitución establece la independencia e inamovilidad de los jueces/as y magistrados/as.

Tales derechos no impiden la crítica fundada a las decisiones judiciales, así como la posibilidad de utilizar los canales y recursos legalmente previstos contra las resoluciones desfavorables. Pero al tiempo son una garantía para que la ciudadanía pueda confiar en que los litigios no sean resueltos por jueces/as elegidos en función del resultado que se pretenda obtener en cada caso.

El traslado forzoso y colectivo de la mitad de los miembros de la Sección 3ª puede poner en riesgo la garantía de inamovilidad judicial, al ser apartados de los asuntos de los que están conociendo, en un contexto de presión mediática y política continuado en el tiempo para que la Sección cambiase el sentido de sus decisiones.

Igualmente, este movimiento puede socavar la actuación independiente de los miembros del Tribunal, al resultar intimidados por la amenaza de traslados forzosos y otras represalias por el ejercicio de la función que tienen encomendada constitucionalmente.

8.– Ante la entidad de los hechos expuestos, por esta Sección Territorial de Juezas y Jueces para la Democracia queremos mostrar nuestra preocupación por el riesgo de afectación a las garantías constitucionales de inamovilidad e independencia, y también reclamar a los órganos gubernativos del poder judicial un cuidadoso y prudente ejercicio de las facultades que tienen encomendadas. Asimismo, queremos trasladar nuestro apoyo a los magistrados/as que hasta la fecha vinieron, en circunstancias especialmente complicadas y en un contexto de reiteradas presiones, desempeñando su labor en la Sección 3ª de la Sala CA del TSX de Galicia.

En Galicia, el 25 de marzo de 2026.

Sección Territorial de Juezas y Jueces para la Democracia en Galicia

A Sección Terceira foi obxecto constante de presión mediática e política polas súas resolucións relativas á autorización de parques eólicos. 

1.- O pasado 6 de marzo de 2026 tivo lugar, en acto público, a toma de posesión da nova Presidenta da Sala do Contencioso – Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

2.- Mediante acordos datados o 12 de marzo de 2026, unha das primeiras e sorpresivas medidas da nova presidencia da Sala do C-A (non prevista no seu programa de goberno sometido a exame do Consello Xeral do Poder Xudicial o mes pasado) foi o desmantelamento da actual Sección 3ª, que viña coñecendo dos procedementos xudiciais sobre as autorizacións administrativas relativas a parques eólicos en territorio galego, as suspensións cautelares da súa construción, e cuestións de contratación administrativa, como as que afectan a concesións  hospitalarias, como a do Hospital Álvaro Cunqueiro.

3.- Tales acordos da nova presidencia da Sala do C-A apelan ás facultades gobernativas que teñen por función cuestións meramente organizativas e non poden entrar a discutir ou determinar conscientemente os criterios xurisdicionais que cada Sección poida ter adoptado. Ademais legalmente, para evitar a mera decisión unilateral, esas decisións deben atender a “criterios aprobados anualmente pola Sala de goberno” (art. 198.1 LOPJ). Non consta que a Sala de goberno do TSX de Galicia aprobase ata o día de hoxe criterios como os aducidos nos citados acordos ou, dende logo, non os publicitou.

Ante esa carencia de criterios rectos, os acordos apelan formalmente a “un crecemento profesional e unha oportunidade na carreira profesional” dos propios maxistrados/as, así como xenéricas “necesidades organizativas”.

Tamén, no caso dun maxistrado, deslízase no acordo que foron acollidas polo Tribunal Supremo tres concretas recusacións en tres concretas causas. Refire que iso podería afectar á imaxe do Tribunal. As causas de recusación apelan á relación do maxistrado cun concreto asunto e son resoltas xurisdicionalmente pola propia Sala ou polos concretos órganos chamados a coñecer dos recursos. Esas recusacións son habituais na vida normal dos tribunais. E non hai xustificación para estender o analizado respecto dun concreto asunto, a toda a materia que trata unha Sección.

4.- Estes acordos gobernativos da nova presidencia da Sala do C-A supoñen de facto desfacer a composición dun órgano xudicial que viña resolvendo asuntos de materias concretas. Afasta á metade das persoas que compuñan esa Sección. Faino mediante o traslado forzoso de sección de dous dos catro maxistrados/as que formaban parte da Sección 3ª, sendo substituídos por un novo maxistrado e unha nova maxistrada de recente incorporación á Sección 4ª da Sala do C-A do TSX.

Queremos chamar a atención do inusual dun traslado forzoso de tanta envergadura como o producido e das formas coas que se realiza.

O procedemento habitual de cambio de maxistrados entre seccións é o concurso interno voluntario cando existen vacantes.  Cando a Presidencia propón unha reorganización, o normal é a consulta previa aos presidentes/as das seccións e aos maxistrados/as afectados/as. Ademais, adóitase realizar cambios puntuais de xeito individual, para evitar perturbacións no traballo ordinario da Sección, xa que o seu carácter altamente especializado impón a necesidade dun coñecemento profundo das materias que se someten a deliberación.

No caso que nos ocupa, este traslado forzoso de catro maxistrados/as afecta a composición e funcionamento de dúas das catro seccións da Sala, e foi adoptado sen audiencia previa nin consultas informais nin ás persoas afectadas nin aos presidentes das respectivas seccións.

Ningún dos catro trasladados/as ten experiencia previa nesta Sala nas concretas materias que lles son encomendadas, o que previsiblemente ocasionará nos primeiros tempos unha evidente disfuncionalidade no traballo de ambas seccións, onde resulta relevante o coñecemento normativo e xurisprudencial, e dos precedentes da propia Sección.

5.- Ao contar a Sección 3ª só con catro maxistrados/as, afastar a metade afecta directamente á continuidade dos criterios xurisdicionais defendidos e suscita serias dúbidas de que iso non estea na intención da decisión. Convén lembrar que esa Sección atendía materias de tanta transcendencia, mediática e social, como son as autorizacións administrativas relativas a parques eólicos en territorio galego, ou a contratación administrativa.

6.- Non é a primeira ocasión en que esta Sección Territorial de Xuízas e Xuíces para a Democracia, como tamén a propia Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, tivo que reclamar publicamente o respecto cara á tarefa dos integrantes da citada Sección 3ª. Todo iso ante declaracións públicas que cuestionaban o seu labor e as súas decisións ao marxe das canles legalmente previstas para combater as mesmas.

Durante os últimos meses e anos foron habituais desmedidas declaracións de determinados responsables políticos e empresariais poñendo en dúbida non só as resolucións da Sección 3ª da Sala do C-A, senón mesmo a profesionalidade dos seus integrantes.

Ante os recentes acordos e dado que os motivos formais aducidos pola Presidencia casan mal co efecto real que van producir no funcionamento das seccións afectadas, non é descartable que a cidadanía poida pensar que as reiteradas presións políticas e empresariais finalmente acadaron o resultado perseguido: o cambio da composición da Sección do TSX de Galicia que coñece dos litixios sobre os parques eólicos en Galicia.

A imaxe do Tribunal e da súa independencia queda moi afectadas. A especial transcendencia mediática e social dos asuntos dos cales viña coñecendo a Sección 3ª da Sala do C-A do TSX de Galicia, unida ao sorpresivo e dificilmente explicable cambio da súa actual composición, podería trasladar á cidadanía unha sospeita, esperamos que infundada, na finalidade perseguida pola decisión gobernativa adoptada, así como a imaxe de que o poder xudicial se estaría dobrando aos intereses dalgunhas das partes nos litixios sinalados.

7.- O art. 24.2 da Constitución recolle o dereito ao xuíz/a ordinario predeterminado pola lei, e o art. 117.1 da Constitución establece a independencia e inamobilidade dos xuíces/as e maxistrados/as.

Tales dereitos non impiden a crítica fundada ás decisións xudiciais, así como a posibilidade de utilizar as canles e recursos legalmente previstos contra as resolucións desfavorables. Pero ao tempo son unha garantía para que a cidadanía poida confiar en que os litixios non sexan resoltos por xuíces/as elixidos en función do resultado que se pretenda obter en cada caso.

O traslado forzoso e colectivo da metade dos membros da Sección 3ª pode poñer en risco a garantía de inamobilidade xudicial, ao seren apartados dos asuntos dos que están coñecendo, nun contexto de presión mediática e política continuado no tempo para que a Sección cambiase o sentido das súas decisións.

Igualmente, este movemento pode socavar a actuación independente dos membros do Tribunal, ao resultaren intimidados pola ameaza de traslados forzosos e outras represalias polo exercicio da función que teñen encomendada constitucionalmente.

8.- Ante a entidade dos feitos expostos, por esta Sección Territorial de Xuízas e Xuíces para a Democracia queremos mostrar a nosa preocupación polo risco de afectación ás garantías constitucionais de inamobilidade e independencia, e tamén reclamar aos órganos gobernativos do poder xudicial un coidadoso e prudente exercicio das facultades que teñen encomendadas. Así mesmo queremos trasladar o noso apoio aos maxistrados/as que ata a data viñeron, en circunstancias especialmente complicadas e nun contexto de reiteradas presións, desempeñando o seu labor na Sección 3ª da Sala do C-A de o TSX de Galicia.

En Galicia, o 25 de marzo de 2026.

Sección Territorial de Xuízas e Xuíces para a Democracia en Galicia