Por medio de la presente, nos dirigimos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el fin de solicitar que ese órgano emita un pronunciamiento público sobre el genocidio perpetrado por el gobierno israelí en Gaza y la actual crisis humanitaria y de derechos humanos que ha causado, al encontrarnos ante una situación equiparable a la que se produjo con ocasión de la guerra en Ucrania.
El 4 de marzo de 2022 la Comisión Permanente del CGPJ aprobó una declaración pública en la que “condena la invasión militar de Ucrania llevada a cabo por la Federación Rusa, con flagrante vulneración de las normas del Derecho Internacional y violación de los más elementales derechos humanos”. En dicho pronunciamiento el CGPJ expresó su adhesión al llamamiento de la Red Europea de Consejos de Justicia, exigió “el cese inmediato de la agresión militar y el restablecimiento del legítimo orden constitucional en Ucrania” y manifestó su solidaridad con la judicatura ucraniana.
Ese gesto resultó relevante no sólo como expresión institucional de condena a una agresión internacional, sino como reafirmación del compromiso del Poder Judicial español con los principios del Derecho Internacional, los Derechos Humanos, la soberanía estatal, la paz y la dignidad humana.
Como es públicamente conocido, la grave situación que sufre la población civil en Gaza (con miles de víctimas, destrucción de infraestructura civil, denuncias de crímenes contra la humanidad y violaciones sistemáticas del Derecho Internacional Humanitario), plantea una emergencia humanitaria que reclama la condena de los órganos institucionales comprometidos con los Derechos Humanos, la legalidad internacional y la dignidad humana.
Cabe destacar el reciente Informe del Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afectan a los Derechos Humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados, de fecha 5 de septiembre de 2025, que contiene información relativa a las prácticas israelíes en el territorio palestino ocupado y el Golán sirio ocupado en el período comprendido entre agosto de 2024 y julio de 2025. En particular, se resalta el genocidio de los palestinos que tiene lugar en la franja de Gaza. En dicho informe, el Comité Especial concluyó que la conducta de Israel respecto de las personas palestinas en la Franja de Gaza se ajustaba a las características de un genocidio.
Además, la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros son firmes defensores de la Corte Penal Internacional (CPI) y han asumido compromisos jurídicamente vinculantes para promover la universalidad e integridad del Estatuto de Roma. La UE se ha comprometido a apoyar la independencia de la CPI, a cooperar con ella y a la aplicación del principio de complementariedad, que garantiza que la corte solo actúe cuando las autoridades nacionales no investiguen y enjuicien debidamente, según corresponda, los crímenes internacionales.
En este contexto, y considerando que han circulado llamamientos públicos en distintos foros de la comunidad jurídica, de la ciudadanía y del activismo en defensa de los derechos humanos, demandando una condena inequívoca, estimamos oportuna y necesaria una manifestación pública por parte del CGPJ.
Si se consideró procedente pronunciarse en defensa del Derecho Internacional y los derechos humanos cuando hubo una agresión externa contra Ucrania, la misma coherencia exige que el CGPJ reitere su compromiso con esos principios fundamentales.
Aunque este órgano tiene competencias administrativas y de gobierno interno de la judicatura, su voz institucional tiene especial relevancia simbólica: un pronunciamiento contribuiría a reafirmar los valores de justicia, dignidad humana y tutela judicial internacional de los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, solicitamos que el CGPJ adopte una declaración pública formal en la que condene las violaciones del Derecho Internacional Humanitario denunciadas en Gaza, exija el cese inmediato de cualquier agresión, reafirme su compromiso con los derechos humanos universales y exprese su solidaridad con las víctimas civiles y con los operadores jurídicos que defienden la legalidad internacional.
Asimismo, instamos a este órgano a que, en su declaración, recuerde su adhesión a la normativa internacional de derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario (en la misma línea que en 2022 respecto de Ucrania) y reafirme que la judicatura española considera la independencia judicial, la dignidad humana y la defensa de los derechos fundamentales como valores esenciales que trascienden fronteras y conflictos.
Confiando en la sensibilidad institucional del Consejo y en su compromiso con los valores que conforman el fundamento del Estado de Derecho, solicitamos que nuestra petición sea admitida y que se adopte la correspondiente declaración pública.
Atentamente
16 de diciembre de 2025
Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia