La Comisión de Igualdad propone que el Congreso de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia inste al Consejo General del Poder Judicial, en el marco de la cooperación con las Administraciones competentes en materia de medios informáticos al servicio de la Administración de Justicia, a adoptar las medidas necesarias para garantizar el uso de un lenguaje inclusivo en todas las aplicaciones y sistemas informáticos judiciales de las distintas Comunidades Autónomas.

En particular, se propone que dichas aplicaciones reflejen expresamente que la titularidad de los órganos jurisdiccionales se ostenta hoy en día, de forma mayoritaria en la base, por mujeres, y que la visibilización de esta realidad refuerza el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

El lenguaje no es un elemento neutral: constituye una herramienta de poder simbólico y de organización social. Desde la perspectiva de la glotopolítica, las políticas lingüísticas institucionales influyen en la representación, legitimación y distribución del poder dentro de la sociedad. Por ello, el modo en que las instituciones judiciales nombran, clasifica y representan a las personas a través del lenguaje tiene un impacto directo en la percepción de igualdad, legitimidad y justicia.

Adoptar un lenguaje inclusivo en las herramientas informáticas y de gestión judicial implica reconocer la diversidad de quienes integran y acceden al sistema de justicia, así como contribuir activamente a la transformación cultural hacia una sociedad más igualitaria.

A este respecto, se subrayan los siguientes principios:

• Visibilización y reconocimiento:

El lenguaje inclusivo nombra y reconoce la diversidad de personas, rompiendo con el uso del masculino genérico que tradicionalmente ha ocultado a las mujeres y a otras identidades de género. De este modo, otorga visibilidad y legitimidad a grupos históricamente excluidos de los relatos oficiales y de las estructuras institucionales.

• Legitimidad institucional:

La adopción de un lenguaje inclusivo demuestra un compromiso real con la igualdad, reforzando la credibilidad y legitimidad de las instituciones de justicia. Un lenguaje que integra y reconoce a toda la ciudadanía contribuye a consolidar la confianza social en el sistema judicial y en su capacidad para actuar conforme a los valores constitucionales.

• Confianza y cercanía:

El uso de un lenguaje que refleje la diversidad y pluralidad de la sociedad favorece la proximidad institucional. Permite que las personas se reconozcan en los textos, formularios y comunicaciones del sistema de justicia, fomentando así una relación más empática y accesible con la ciudadanía.

• Transformación de la realidad y la cultura:

El lenguaje inclusivo no es solo un cambio formal o terminológico, sino una intervención glotopolítica que busca transformar las estructuras culturales y simbólicas que sostienen desigualdades históricas. Supone un paso hacia la desnaturalización de la cultura androcéntrica que ha impregnado tradicionalmente el discurso jurídico y hacia la construcción de una justicia más equitativa, representativa y democrática.

Por todo lo anterior, la Comisión de Igualdad considera conveniente que el Congreso de JJPD inste al Consejo General del Poder Judicial que exija a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia, así como al Ministerio de Justicia, a promover de forma coordinada la revisión y adaptación de las aplicaciones informáticas judiciales para incorporar criterios de lenguaje inclusivo, representativo y no sexista.

Esta medida favorecerá una representación más justa y actual del personal judicial, reforzará los valores constitucionales de igualdad, no discriminación y legitimidad institucional, y contribuirá a consolidar una cultura de justicia coherente con los principios de equidad e inclusión que inspiran el Estado social y democrático de Derecho.

Igualmente, con la finalidad de añadirle énfasis a la propuesta y garantizar su efectividad la Comisión de Igualdad propone que a través de los representantes de las Secciones Territoriales de la asociación se haga similar petición a los Tribunales Superiores de Justicia.

24 de octubre 2025