Es bien sabida la sobrecarga de trabajo que está sufriendo la jurisdicción civil en los últimos años, provocado por factores de sobra conocidos (litigación en masa, fondos buitres, cesiones de créditos en globo, ec…).

Por otro lado, siempre se ha puesto en valor que la implantación de los Tribunales de Instancia permite el aumento de plazas de la carrera judicial, sin el coste que supone crear juzgados, pues esa implantación evitaría la innecesaria dispersión de medios y esfuerzos.

Por ello, en aras a que la creación de los Tribunales de Instancia no quede reducida a meros cambios de nomenclatura y de ubicación en los edificios judicial (que por otra parte pueden generar mayores dilaciones en la tramitación, al dificultar la rápida dación de cuenta verbal) se insta al Gobierno a que la efectiva instauración de los Tribunales de Instancia se vincule con la correlativa creación de plazas judiciales, aumentando la ratio de jueces de forma que, teniendo en cuenta los datos estadísticos del último año judicial, el volumen de asuntos por cada juzgador no supere el 100% de la carga de trabajo ideal establecida por el CGPJ.

En esta línea, es conveniente recordar al Gobierno que aún se encuentran pendientes las 100 plazas añadidas que comprometieron convocar para 2023, cuando se firmó en mayo de ese año el acuerdo de actualización de las retribuciones de las carreras judicial y fiscal.

También exigimos que se asegure que en los tribunales de instancia se dispondrá de espacios adecuados, herramientas informáticas y medidas adicionales precisas para garantizar el desempeño de la labor jurisdiccional.