Juezas y Jueces para la Democracia expresa su rechazo al plan impulsado por Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos para establecer un “centro de retorno” de migrantes en Ruanda, una iniciativa presentada por sus promotores como una herramienta para frenar la inmigración irregular. Esta propuesta constituye una inhumana externalización de las responsabilidades que Europa ha asumido históricamente en materia de derechos humanos y protección internacional, responsabilidades construidas desde la experiencia de su propia historia.
La asociación comparte las preocupaciones manifestadas por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien ha advertido de los riesgos que supone trasladar a personas migrantes a un país con el que no mantienen ningún vínculo real y que, además, afronta sus propios desafíos en materia de derechos humanos.
JJpD considera que la complejidad del fenómeno migratorio no puede abordarse mediante el desplazamiento del problema hacia terceros países. Por el contrario, reclama políticas públicas que afronten las causas profundas de la migración, entre ellas los conflictos armados, las vulneraciones de derechos humanos, las desigualdades económicas y sociales y la falta de oportunidades que afectan a millones de personas en distintas regiones del mundo.
Ante esta situación, Juezas y Jueces para la Democracia defiende la necesidad de avanzar hacia un modelo de gobernanza migratoria integral, sostenible y plenamente respetuoso con los derechos humanos. Este enfoque debe incluir la ampliación de las vías legales y seguras de migración, el fortalecimiento de los mecanismos de protección internacional y el reconocimiento de la importante contribución que realizan las personas migrantes al desarrollo económico, social y cultural de las sociedades europeas.
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA