Informe de JJpD al Proyecto de Reglamento de los Órganos de Gobierno de los Tribunales.

17 noviembre, 2026

El informe sigue la estructura de la memoria que se acompaña al nuevo proyecto que ahora se nos somete y en él se abordan los artículos respecto de los cuales tenemos alguna propuesta o comentario que realizar, haciendo especial hincapié en los puntos que ya señalamos en nuestro anterior informe.

I.- Modificaciones relativas a la composición de las Salas de Gobierno y al régimen de incompatibilidades.

1.- Artículo 5: renovación anual de parte de los miembros de la Comisión Permanente de las Salas de Gobierno.

En nuestro anterior informe propusimos exigir la renovación anual obligatoria de al menos dos tercios de los integrantes (dos natos y dos electos) para evitar el control permanente por un grupo reducido. Esta propuesta ha sido desestimada, según resulta del nuevo artículo 5. Insistimos en que la posibilidad de la reelección de los miembros de la Comisión Permanente no ha de ser total, sino que debería preverse una renovación parcial que permita una cierta rotación entre sus componentes.

II.- Modificaciones relativas a las atribuciones de las Salas de Gobierno.

2.- Artículos 6 y 7: secciones desplazadas y equilibrio territorial en las normas de reparto.

Propusimos reconocer específicamente la posición de las secciones desplazadas de los Tribunales de Instancia y de las Audiencias Provinciales, garantizando el equilibrio entre los órganos situados en la sede ordinaria y los desplazados. Esta propuesta ha sido desestimada. Los artículos 6 y 7 regulan ampliamente las competencias de las Salas de Gobierno en materia de reparto y contemplan determinados supuestos de secciones o salas con sede en distintas ciudades, pero no establecen el principio de equilibrio territorial solicitado ni una protección específica de las secciones desplazadas. Mantenemos nuestra propuesta anterior.

III.- Modificaciones relativas al funcionamiento de las Salas de Gobierno.

3.- Artículo 10: periodicidad de las reuniones del Pleno de las Salas de Gobierno.

Propusimos que el Pleno de las Salas de Gobierno que funcionan también en Comisión se reuniera, al menos, una vez al mes. Esta propuesta ha sido desestimada. El artículo 10.4 mantiene una periodicidad mínima de una reunión cada tres meses, previsión que resulta contraria a lo dispuesto en el art. 153.1 LOPJ, que señala una periodicidad de “las salas de  gobierno” cada dos meses como mínimo. La referencia del art. 153.1 LOPJ a las Salas de gobierno se ha de entender referida al pleno de las mismas. La regulación del proyecto supone la restricción del ejercicio al cargo del art. 23.2 CE, del principio de pluralismo y de la naturaleza representativa de los órganos de gobierno, que exige una reunión de todos los miembros de la misma, al menos una vez cada dos meses y no cada tres. No hay razón para esta restricción ante la regulación de las reuniones telemáticas. La previsión denota una voluntad presidencialista y de limitación al ejercicio por parte de las minorías. Aunque la Comisión debe reunirse semanalmente y dar cuenta trimestralmente al Pleno, ello no satisface la exigencia de participación regular de la totalidad de los miembros de la Sala de Gobierno. Mantenemos nuestra anterior propuesta por razones de igualdad representativa, pluralismo y funcionamiento democrático.

4.- Artículo 12: antelación de la convocatoria y modificación extraordinaria del orden del día en las Salas de Gobierno

Propusimos ampliar la antelación mínima de la convocatoria de veinticuatro horas a cuarenta y ocho o setenta y dos horas, permitiendo sólo excepcionalmente la incorporación de asuntos urgentes con garantías suficientes. Esta propuesta ha sido desestimada.  En nuestro informe ya indicamos que este plazo de 24 horas era contrario a las normas generales del art. 19.3 LRJSP y a todas las normas de funcionamiento de órganos colegiados, causaba indefensión y perjudicaba el derecho al cargo. El artículo 12.1 mantiene el plazo mínimo de veinticuatro horas. Es positivo que los apartados 3 a 5 regulen con más precisión la entrega de la documentación, pero no se amplía el plazo ni se establece el procedimiento para añadir asuntos urgentes.

IV.- Modificaciones relativas al régimen electoral de las Salas de Gobierno

5.- Artículo 39: candidaturas paritarias a las Salas de Gobierno.

Propusimos que las candidaturas fueran obligatoriamente paritarias. La propuesta ha sido acogida solo parcialmente y de forma insuficiente. El artículo 39.2 dispone que se “procurará atender” al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, pero no establece una obligación, una proporción mínima ni una consecuencia jurídica por su incumplimiento. Se incorpora el principio inspirador, pero se rechaza su carácter vinculante. Mantenemos nuestra propuesta de paridad obligatoria.

6.- Artículos 52 y 53: voto por correo y voto telemático en las elecciones a Salas de Gobierno.

Propusimos aplicar al voto por correo las garantías de la legislación electoral general y habilitar al Consejo General del Poder Judicial para celebrar convenios con el operador postal. También propusimos implantar un sistema de voto telemático. La propuesta ha sido acogida parcialmente. El artículo 53.2 exige que el envío se realice cumpliendo las garantías establecidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y la disposición adicional segunda habilita genéricamente al Consejo para celebrar los convenios necesarios. No obstante, no se concreta la identificación personal ante el operador postal, no se recoge expresamente el convenio con el servicio postal universal y no se contempla el voto telemático. La regulación debería establecer claramente que no se admiten otros medios análogos al voto por correo regulado en el Reglamento e insistimos en que, teniendo en cuenta el actual estado de la tecnología, debería también regularse la posibilidad de votar por medios telemáticos.

7.- Artículo 61: reglas para resolver los empates en la proclamación de titulares y sustitutos

El artículo 61 dispone que los empates entre candidatos y candidatas se resuelven en función de los votos totales obtenidos por la candidatura con la que concurrieron. Entendemos que este criterio de desempate no tiene amparo legal ni justo, por cuanto prima la presencia en las Salas de Gobierno de miembros integrantes de una misma candidatura, en detrimento de la pluralidad que se podría obtener si se aplicara otro criterio de desempate. Teniendo en cuenta que el artículo 39 no prevé que las candidaturas contengan un número de candidatos igual al de puestos a cubrir, de manera que caben incluso candidaturas individuales, el criterio de desempate propuesto perjudica injustificadamente a quienes no concurren con una candidatura numerosa.

8.- Artículos 64 y 65: sustitución de miembros electos

En el supuesto de que un miembro electo deje de serlo por pasar a ser miembro nato, de manera que pasa a ser sustituido de conformidad con el artículo 65, si más tarde aquel miembro electo pierde la condición de miembro nato, ya no debería poder recuperar su anterior condición de miembro electo, en perjuicio del que le pasó a sustituir. Se echa de menos una previsión específica en ese sentido.

V.- Modificaciones relativas a las Presidencias de los tribunales, a la Vicepresidencia del Tribunal Supremo y a las Oficinas de Comunicación.

9.- Artículo 68: comunicación de las vacantes del personal auxiliar.

Propusimos completar la relación de competencias de las Presidencias incluyendo expresamente la comunicación de las plazas vacantes del personal auxiliar, de acuerdo con el artículo 160.12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta propuesta ha sido acogida. El artículo 68.1.l) atribuye expresamente a las Presidencias la función de comunicar al Consejo General del Poder Judicial tanto las vacantes judiciales como las plazas vacantes de personal auxiliar del respectivo Tribunal o Audiencia.

10.- Artículo 74.4: facultades de las Presidencias de las Salas en cuanto a la composición de las secciones.

La actual redacción de las facultades de las Presidencias de las Salas en cuanto a la composición de las secciones define de manera demasiado vaga esta competencia, de manera que puede dar lugar a un ejercicio incontrolado de las mismas, con posible perjuicio de la inamovilidad y del derecho al juez predeterminado por la ley. Proponemos que se defina mejor el alcance de esta competencia y que se refuerce la atribución que en ese sentido corresponde a las Salas de Gobierno de conformidad con el artículo 6, apartados a) y b).

11.- Artículo 75: convocatoria de reuniones a solicitud de una tercera parte de los magistrados y magistradas de una Sala o Audiencia.

En nuestro anterior informe propusimos recuperar la posibilidad de que una tercera parte de los magistrados y magistradas de una Sala o Audiencia promoviera la convocatoria de reuniones. Esta propuesta ha sido desestimada. Los artículos 73.d) y 75 atribuyen la convocatoria a las respectivas Presidencias, pero no reconocen a una tercera parte de los integrantes la facultad de exigir o promover formalmente la reunión. Mantenemos nuestra propuesta como garantía de participación y de protección de las posiciones minoritarias.

VI.- Modificaciones relativas a las Juntas de Jueces y Juezas.

12.- Artículos 83.a) y 107: elección de las Presidencias de Sección por la Junta de Sección.

Planteamos la posibilidad de incluir expresamente entre las competencias de las Juntas de Sección la elección de la Presidencia cuando procediera legalmente. Esta propuesta ha sido acogida. El artículo 83.a) atribuye a la Junta de Sección la elección de su Presidente o Presidenta con arreglo a las normas aplicables, y el artículo 107 desarrolla el nombramiento de la persona elegida en los supuestos previstos legalmente.

13.- Artículo 87: integración de las juntas de Juezas y Jueces.

El nuevo proyecto prevé que los Jueces y Juezas de Adscripción Territorial o en régimen de Especial Dedicación que se encuentren en situación de sustitución participen en las juntas con voz y voto, en la línea que planteamos en nuestro anterior informe, lo que valoramos positivamente, al igual que aquellos que estén destinados por el mecanismo del artículo 355 bis. Por el contrario, no se acoge nuestra propuesta en el sentido de integrar también a los sustitutos externos, ya que solo se prevé de manera expresa su intervención en los supuestos en que el titular goce de licencia, pero no para los supuestos en que la plaza esté vacante u otros análogos que pudieran darse. Debería precisarse con más claridad que los sustitutos externos pueden participar en las juntas con los mismos derechos que los titulares, pues impedirlo podría constituir una discriminación no justificada conforme al art. 4 de la Directiva 1999/70/CEE. Tampoco se ha acogido nuestra anterior propuesta, que ahora mantenemos, de que quienes estén prestando servicios de refuerzo también integren las juntas, por cuanto los asuntos que en ellas se decide les atañen directamente.

14.- Artículo 87.10: restricción de la delegación de voto a causas justificadas.

Propusimos que la delegación de voto se limitara a aquellos que estuvieran de guardia o en quienes concurrieran causas de servicio, enfermedad, asistencia médica u otras circunstancias inaplazables, sometiendo su validez a la Junta. La propuesta ha sido acogida parcialmente. El artículo 87.10 limita la delegación a los jueces o juezas de guardia y a quienes no puedan asistir por necesidades del servicio. Sin embargo, no contempla expresamente la enfermedad u otras causas personales inaplazables que también podrían haberse incluido.

15.- Artículo 88: posibilidad de adoptar acuerdos no previstos en el orden del día.

Al igual que el art. 78.1 del anterior texto, el artículo 88 del actual prevé lo siguiente: “No se podrán adoptar acuerdos sobre asuntos no comprendidos en el orden del día, salvo que  los miembros asistentes declaren la urgencia del asunto por unanimidad”.

Tal y como ya informamos en su día, esta previsión choca con la normativa general y básica del régimen de órganos colegiados que se encuentra en el art. 17.4 LRJSP que exige que para las modificaciones del orden del día y la adopción válida de acuerdos sobre asuntos no incluidos en el orden del día se encuentren presentes la totalidad de quienes integran el órgano. Aquí basta un acuerdo de quienes asistan, lo que también resulta contrario a la propia normativa del CGPJ (art. 45 ROFGPJ) sin que exista motivo para ello.

Esta previsión puede dar lugar a actuaciones sorpresivas de los presentes en detrimento de los ausentes que pueden no haber delegado el voto o no haber hecho esfuerzos para asistir en función del orden del día, provocando que se habiliten prácticas que no son acordes a derecho, escamoteando información necesaria a las personas interesadas o actuando en su perjuicio.

VII.- Modificaciones relativas a las Presidencias de los Tribunales de  Instancia, del Tribunal Central de Instancia y de sus Secciones.

16.- Artículo 94: plazos de convocatoria de la Junta electiva.

En nuestro anterior informe planteamos sustituir el sistema abierto de plazos por una regla sencilla que situara la Junta electoral diez o quince días antes de la expiración del mandato. Esta propuesta ha sido desestimada. El artículo 94 mantiene que la convocatoria deberá efectuarse entre ocho y treinta días antes de la extinción del mandato y que la elección habrá de celebrarse en el plazo de un mes desde la convocatoria. Mantenemos la propuesta que hicimos en el anterior informe.

17.- Artículos 93 y 94: aclaración de que el mandato de la Presidencia del Tribunal de Instancia, Tribunal Central de Instancia o sus secciones no se renueva automáticamente.

Propusimos aclarar que el transcurso del mandato de cuatro años no produce una renovación automática de la Presidencia, sino que exige la convocatoria y celebración de una nueva elección. Esta propuesta ha sido desestimada. El artículo 93 continúa utilizando la expresión “renovándose transcurrido este período”, que puede mantener la ambigüedad advertida, aunque el artículo 94 regule la convocatoria del proceso electoral. No se incorpora una aclaración expresa que excluya de manera clara la renovación automática.

18.- Artículo 95: cuerpo electoral en la elección de la Presidencia del Tribunal de Instancia y de sus Secciones.

Al igual que ocurre en el artículo 87 en cuanto a la integración de las Juntas de Jueces y Juezas, el artículo 95 no reconoce de manera expresa la condición de electores a los sustitutos y sustitutas externos, lo cual entendemos que podría constituir una discriminación no justificada conforme al art. 4 de la Directiva 1999/70/CEE. Solicitamos que se precise esta cuestión en la redacción de la norma.

19.- Artículo 97: plazo para la presentación y publicidad de candidaturas a la Presidencia de Tribunal de Instancia o de Sección.

Propusimos fijar una antelación mínima de cinco días para la presentación y publicidad de las candidaturas a la Presidencia del Tribunal de Instancia, evitando candidaturas sorpresivas. Esta propuesta ha sido desestimada. El artículo 97.1 continúa permitiendo presentar candidaturas hasta veinticuatro horas antes de la constitución de la Junta. Aunque se prevé su publicación, el plazo sigue siendo insuficiente para conocer y valorar adecuadamente las candidaturas. Mantenemos nuestra propuesta anterior.

20.- Artículo 103: publicación en el BOE de los nombramientos de Presidencias de Tribunales de Instancia.

Propusimos eliminar el umbral de diez plazas y publicar en el Boletín Oficial del Estado todos los nombramientos de Presidencias de Tribunales de Instancia. Esta propuesta ha sido desestimada. El artículo 103.2 mantiene la publicación en el BOE únicamente para los Tribunales de Instancia compuestos por diez o más plazas judiciales. Para los restantes, el apartado 3 se limita a exigir la comunicación del nombramiento a quienes deban cumplirlo o conocerlo. Mantenemos nuestra propuesta por razones de publicidad y uniformidad institucional.

21.- Artículo 105: solución ante la falta de candidaturas para la Presidencia de Tribunales de Instancia o de sus Secciones.

Propusimos reducir de seis a tres meses el plazo para convocar nuevas elecciones en caso de ausencia de candidaturas o elección fallida. La propuesta ha sido desestimada porque la previsión del proyecto que ahora se nos somete a informe, artículo 105, es congruente con lo previsto en el artículo 166 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el sentido de que se propondrá al juez, jueza, magistrado o magistrada que ocupare el mejor puesto en el escalafón.

22.- Artículo 112.1.a): facultades de las Presidencias de los Tribunales de Instancia sobre la utilización y distribución de los locales judiciales.

En su día indicamos la conveniencia de concretar las facultades de la Presidencia en materia de reparto de espacios, ubicación de despachos, localización de oficinas y utilización de las dependencias judiciales. La propuesta ha sido acogida parcialmente. El artículo 112.1.a) mantiene la función de velar por la buena utilización de los locales y añade deberes de coordinación con las Presidencias de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, con la Fiscalía, así como la posibilidad de plantear conflictos ante la Sala de Gobierno. No obstante, no se detallan criterios ni facultades concretas para distribuir despachos, salas y oficinas.

23.- Artículos 112 y 120: facultades respecto de servicios comunes, unidades administrativas y deficiencias de medios.

Propusimos facultar expresamente a la Presidencia para denunciar ante la Administración competente la insuficiencia de medios personales y materiales, poner de manifiesto deficiencias en la organización de los servicios comunes e intervenir en su diseño, regulando además la relación con los letrados y letradas directores. La propuesta ha sido acogida parcialmente. El artículo 112.1.h) permite poner en conocimiento de la Sala de Gobierno las anomalías de los servicios comunes y recabar información a través del letrado o letrada que los dirija. También se regulan con mayor detalle la coordinación de agendas y la relación con la dirección del servicio común. Sin embargo, el artículo 120 mantiene que las propuestas de creación de servicios comunes y unidades administrativas deben formularse a la Junta y canalizarse a través de la Sala de Gobierno. No se reconoce una facultad directa de denuncia o requerimiento ante la Administración ni una intervención decisoria de la Presidencia en el diseño de los servicios.

24.- Artículos 82, 83, 112 y 116: eficacia y vinculación de los protocolos de coordinación.

Propusimos aclarar la eficacia de los protocolos de coordinación y su vinculación para los letrados y letradas de la Administración de Justicia. Esta propuesta ha sido desestimada. Los artículos 82.1.f) y 83.d) continúan atribuyendo su aprobación a las Juntas, mientras que los artículos 112.1.g) y 116.g) encomiendan a las Presidencias su impulso. El texto no determina cómo vinculan a la Oficina Judicial o a los letrados y letradas que dirigen los servicios comunes, ni establece un procedimiento para resolver discrepancias. Mantenemos nuestra propuesta.

25.- Artículos 112.1.ñ) y 112.1.h): identificación del personal de apoyo e información a la Presidencia.

Propusimos acompañar la obligación de identificar al personal de apoyo con un deber correlativo de información por parte de los letrados y letradas directores o de la Secretaría de Gobierno. La propuesta ha sido acogida parcialmente. El artículo 112.1.ñ) mantiene la obligación de velar por que el personal de apoyo esté, y el artículo 112.1.h) permite a la Presidencia recabar información por medio del letrado o letrada que dirija el servicio correspondiente. Sin embargo, no se establece un deber autónomo, periódico y suficiente de información a cargo de la dirección de la Oficina Judicial o de la Secretaría de Gobierno.

26.- Artículo 112.1.f): límites de la coordinación de las agendas de señalamientos.

Advertimos que la expresión “criterios razonables y equilibrados” podía afectar a la independencia de cada juez o jueza y propusimos delimitar claramente la facultad de coordinación. Esta propuesta ha sido acogida sustancialmente. El artículo 112.1.f) precisa que la coordinación se limita a aspectos organizativos necesarios para compatibilizar agendas, salas y medios comunes, debe atender a las instrucciones impartidas por quien tenga atribuido cada asunto y no permite alterar dichas instrucciones ni realizar, modificar, suspender o dejar sin efecto señalamientos concretos. La nueva redacción incorpora garantías respecto de la independencia y de las competencias procesales.

27.- Artículo 115: Presidencia de las agrupaciones de Secciones de los Tribunales de Instancia.

El artículo 115 prevé que la agrupación de Secciones será presidida por el Presidente o Presidenta del Tribunal de Instancia del partido judicial con mayor número de habitantes. Esta previsión, aunque objetiva, puede no ser la más acertada en función de las circunstancias de cada supuesto. Proponemos que sean quienes se integren en tales agrupaciones los que elijan entre ellos al Presidente o Presidenta.

28.- Artículo 119: justificación del umbral de cuarenta plazas para la liberación total de funciones jurisdiccionales a los Presidentes o Presidentas de Tribunales de Instancia.

En nuestro anterior informe cuestionamos el umbral automático de cuarenta plazas judiciales por carecer de justificación y propusimos revisarlo o explicitar los criterios utilizados para fijarlo. En la memoria del nuevo proyecto se explica que este umbral viene establecido en el artículo 26 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, con lo que se ajusta a esta previsión legal.

VIII.- Modificaciones relativas a jueces, juezas, magistrados y magistradas.

29.- Artículo 121: concreción de las facultades sobre el personal.

Propusimos especificar las potestades concretas de jueces, juezas, magistrados y magistradas respecto del personal que presta apoyo a la función jurisdiccional, debido a las posibles consecuencias organizativas o disciplinarias de una formulación abierta. Esta propuesta ha sido desestimada. El artículo 121 se limita a reconocer la dirección e inspección de los asuntos asignados por reparto y remite, respecto del personal al servicio de la Administración de Justicia, a su régimen disciplinario. No concreta facultades, instrucciones posibles, cauces de comunicación, límites ni responsabilidades. Mantenemos nuestra anterior propuesta.

17 de noviembre de 2026

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