AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL

Desde Juezas y Jueces para la Democracia queremos expresar nuestra preocupación y disconformidad con la decisión de la Comisión de Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial de excluir de la programación formativa de 2027 diversas actividades que habían recibido previamente una valoración favorable por parte de las correspondientes comisiones pedagógicas sectoriales.

Entre las propuestas afectadas se encuentran «Litigación en masa y consumo. Cuestiones sustantivas y procesales», «Privatización de lo público. Colaboración público-privada» y «Necesidades de reforma y mejora de la normativa procesal contencioso-administrativa», todas ellas relativas a materias de indudable interés para el ejercicio de la función jurisdiccional.

Nos preocupa especialmente que, tras haber sido aprobadas inicialmente y haberse designado incluso a las personas codirectoras, estas actividades hayan sido finalmente descartadas con una referencia genérica a las limitaciones presupuestarias, sin ofrecer una explicación suficiente sobre los criterios que han determinado su exclusión.

Somos conscientes de que la planificación formativa debe ajustarse a los recursos disponibles. Sin embargo, la formación continua constituye un derecho de los integrantes de la Carrera Judicial y una obligación del CGPJ, conforme al artículo 433 bis de la LOPJ, por lo que debe contar con una dotación presupuestaria adecuada y responder a criterios de calidad, pluralidad y transparencia.

Además, decisiones como esta pueden desalentar la participación de quienes, atendiendo a las convocatorias del propio Consejo, dedican tiempo y esfuerzo a elaborar propuestas formativas y colaborar en su organización.

Por todo ello, solicitamos que se expliquen los criterios presupuestarios y de selección que han motivado estas exclusiones, que se informe de qué otras actividades formativas inicialmente aprobadas o valoradas favorablemente han sido finalmente descartadas y por qué motivos, y que se reconsidere la posibilidad de incorporar las actividades afectadas al programa de 2027. En caso de no resultar posible, interesamos que se valore su inclusión preferente en futuras programaciones.

Desde JJpD consideramos imprescindible que el Consejo General del Poder Judicial refuerce su compromiso con una formación continua suficiente, plural y de calidad, evitando que las restricciones presupuestarias comprometan una herramienta esencial para la mejora del servicio público de Justicia.

4 de noviembre de 2026