Desde Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales mostramos preocupación por la situación de Virginia Laparra, ex fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
El informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, puso de manifiesto el debilitamiento de la independencia judicial sufrido en Guatemala en los últimos años, la criminalización sistemática a los operadores de justicia que denunciaban la corrupción como en el caso de Virginia Laparra, instrumentalizando la justicia y el proceso penal. La Misión internacional de Juristas por Guatemala en la que participa Juezas y Jueces para la Democracia ha publicado en marzo de 2026 un informe documentando patrones persistentes de hostigamiento, criminalización, detenciones arbitrarias, cooptación institucional y uso indebido del derecho penal. El Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras ha protegido intereses vinculados a redes de corrupción utilizando el uso arbitrario y selectivo del sistema penal. El recientemente elegido Fiscal General, Gabriel García Luna, ha proclamado su objetivo de revertir esta situación e impulsar la transformación de la Fiscalía, mediante la adopción de medidas concretas dirigidas a restablecer el mandato constitucional de ejercer la acción penal con objetividad, imparcialidad y protección de los derechos humanos.
Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales ya denunciaron en octubre de 2023 el encarcelamiento de Virginia Laparra por un proceso iniciado por un juez al que ella previamente había investigado por un presunto delito de corrupción; siendo un claro ejemplo de esta criminalización a los/as Fiscales que investigaban la corrupción llevada a cabo por la anterior Fiscal General. Actualmente Virginia Laparra vive en el exilio. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala, de forma inesperada, ha adelantado al día 22 de mayo de 2026 la audiencia para conocer el recurso extraordinario de casación contra su condena.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales instamos a la celebración de una audiencia de recurso de casación con todas las garantías, conforme a los estándares internacionales sobre independencia judicial y debido proceso.
20 de mayo de 2026.