La entrada en funcionamiento de los Tribunales de Instancia conlleva cambios en relación con el trabajo de los jueces/as y magistrados/as de los distintos órganos y jurisdicciones, afectando a cuestiones tan fundamentales como la dación de cuenta, la gestión de las agendas de señalamientos, el reparto de asuntos, etc.

Por ello se acuerda que, por los órganos de gobierno del Poder Judicial, se proceda a facilitar información clara y puntual a los jueces/as y magistrados/as sobre los cambios que están desarrollándose. También es precisa una debida formación en los casos en los cuales se vayan a emplear nuevas herramientas de gestión procesal o utilidades de las mismas. Por último, se acuerda establecer en el territorio de cada TSJ un canal adecuado y ágil para solucionar las disfunciones que se puedan detectar y para garantizar una correcta prestación del servicio público.