Se considera necesario analizar de forma sistemática el impacto que las licencias y permisos de larga duración pueden tener sobre la distribución de la carga de trabajo en los órganos judiciales. Una valoración adecuada permitiría identificar posibles desequilibrios y establecer medidas organizativas que garanticen un reparto equitativo, evitando que estas situaciones generen sobrecargas no previstas y asegurando una correcta prestación del servicio público desde la perspectiva de la igualdad y la corresponsabilidad.