Resulta necesario que la justicia, cuya administración ha experimentado importantes reformas durante el siglo XX y en particular en el siglo XXI con la nueva organización judicial, el refuerzo de las garantías procesales para los menores acusados y la atención a las víctimas siga en la misma línea y en particular:

• ― En materia de menores infractores, y en especial cuando se trata de menores con problemas de salud mental o de discapacidad, se realicen adaptaciones necesarias dentro del procedimiento siendo imprescindible una valoración adecuada de su imputabilidad que respete la celeridad existente en el procedimiento de menores, en especial cuando se trata de un menor internado cautelarmente.

• ― Tratándose de víctimas, la prueba preconstituida se ha revelado como una diligencia recurrente, incluso tratándose de víctimas mayores de 14 años, pero vulnerables. Su práctica que tiene entre otras finalidades la de evitar la victimización de la menor, requiere de medios materiales y humanos necesarios para su práctica, evitando demoras en la realización. Si además la víctima se somete a la realización de un informe que evalúe su credibilidad, es necesario poner al servicio de las Secciones de Menores suficiente medios humanos para que su práctica no demore la celebración de la vista, como ocurre ante el importante incremento de delitos contra la libertad sexual.

• ― En uno y otro caso, hay que utilizar para dirigirse a los menores un lenguaje claro y comprensible. Tratándose de menores infractores la LORPM se refiere a este extremo con motivo de su detención (art. 17), cuando se trata de informar al menor previa sentencia de conformidad (se habla de un lenguaje comprensible y adaptado a su edad en el artículo 36) o en el momento del dictado de sentencia (art. 39). Resulta imprescindible, que este lenguaje junto a la claridad, de acuerdo con lo dispuesto en la LO 3/2007 sea un lenguaje no sexista, eliminando sesgos de género, promoviendo la igualdad de trato y la visibilidad de todas las personas.