Como denunció MEDEL en su declaración del 29 de agosto de 2025, las sanciones impuestas por la administración estadounidense a jueces, juezas y fiscales de la Corte Penal Internacional forman parte de un ataque sistémico contra la Corte y el sistema universal establecido para proteger eficazmente los derechos humanos.

El 18 de diciembre de 2025, un juez y una jueza fueron sancionados en virtud de la Orden Ejecutiva 14203, “Imposición de Sanciones a la Corte Penal Internacional”, por participar directamente en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel.

Recientemente supimos con consternación que el fiscal de la CPI y ocho jueces fueron condenados en ausencia por un tribunal de Moscú a penas de prisión que van desde tres años y medio hasta quince años, en represalia por procesar al presidente ruso y al Comisionado ruso para los Derechos del Niño por crímenes de guerra en Ucrania.

Además del alto costo personal que han pagado quienes han sido sancionados por la administración estadounidense, los funcionarios electos afectados por la condena enfrentan una amenaza a su libertad personal.

El continuo ataque contra la CPI, el orden jurídico internacional y el Estado de derecho aún no ha recibido una respuesta adecuada.

Además, dentro de la UE, la integridad del sistema del Estatuto de Roma también se ve cuestionada por el incumplimiento de las obligaciones de cooperación de los Estados Partes y por la retirada de Hungría de la CPI, ignorando flagrantemente el compromiso de la UE de lograr la universalidad y la plena aplicación del Estatuto de Roma. MEDEL reitera su pleno apoyo y solidaridad con la CPI, sus funcionarios electos y su personal; condena toda forma de ataque contra la CPI y su papel esencial en el enjuiciamiento y castigo de los crímenes de guerra y de lesa humanidad más graves; insta a la comunidad internacional, a la Unión Europea y a sus Estados miembros a que adopten todas las medidas necesarias para proteger el papel de la CPI de cualquier acción que, directa o indirectamente, busque socavarla, y a proteger a sus funcionarios de sanciones ilegales o amenazas a su independencia y libertad; recuerda que actuar para defender la CPI es un deber moral y legal que la comunidad internacional ha asumido para proteger los derechos humanos, prevenir futuras atrocidades y garantizar la justicia para las víctimas.

22 de diciembre de 2025