COMUNICADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA
25 de noviembre de 2025
Un año más, desde JJpD queremos aprovechar el día mundial contra la violencia de género, para reafirmar nuestro compromiso contra todas las formas de violencia, en particular contra la violencia de género, por ser la forma de violencia más generalizada, y la más grave de las formas de vulneración de los hechos humanos. Las mujeres no son vulnerables, es la violencia de género en sus distintas formas la que las vulnerabiliza. La violencia cometida sobre una mujer por el mero hecho de serlo daña su integridad física, psíquica y emocional; ocasionándole daños en su esfera personal, familiar, social y laboral. Pero, cuando hablamos de vulnerabilidad, debemos hacer especial mención a aquellas víctimas que son especialmente vulnerables; y que, precisamente, por ello, la violencia ejercida sobre las mismas tiene un efecto especialmente dañino. Nos referimos a la violencia sobre niñas y adolescentes, personas con la capacidad modificada, de distinta nacionalidad, que sufren la pobreza o por razón de su identidad sexual.
Nuestra experiencia nos enseña que la violencia discrimina, y las cifras revelan que la violencia tiene género, pero no solo género, sino también edad. En los últimos años, la violencia de género se ha vista reducida, entorno al 5%, la violencia doméstica en un 2’9%. No obstante, la violencia sobre niñas y adolescentes ha aumentado más del 30%; y, tratándose de violencia machista, el aumento ha sido del 80%. Aprovechando también que el día 20 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Infancia, debemos enfatizar esta cifra, porque la infancia y la adolescencia de hoy son el futuro del mañana; y nosotras/nosotros, como juezas y jueces, tenemos el deber de liderar y coordinar una respuesta coordinada y eficaz frente a este tipo de violencia, tal y como nos conmina el art. 19 de la Convención de Derechos del Niño.
La respuesta especializada frente a la violencia sobre la infancia y adolescencia, sin duda alguna, va a ser una respuesta de más calidad; tal y como exigía la citada Convención, y así se plasmó en la Ley Orgánica 8/2021 de protección de la infancia y adolescencia frente a la violencia, implementación que ha venido de la mano de la Ley Orgánica 1/2025 de Medidas de Eficiencia Procesal y del Servicio Público de Justicia.
Sin embargo, la respuesta que los juzgados y tribunales den a la ciudadanía, no va a depender únicamente de nuestra preparación y dedicación. Una respuesta de calidad y eficaz, exige también el aumento de competencias previstas para aquellas secciones de los tribunales de instancia que, además de las competencias genéricas anteriormente atribuidas, van a tener en materia de violencia sobre la infancia y adolescencia; va a ser considerable. Lo mismo, y con una cifra previsible calculada de aumento de carga de un 12%, va a tener lugar en las secciones de violencia sobre la mujer, que van a pasar a conocer de la contra la libertad sexual previstos en el título VIII del libro II del Código Penal, así como por los delitos de mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual, cuando la persona ofendida por el delito sea mujer (art. 89 de la LOPJ). Frente a esta situación, previsible, desde el Ministerio de Justicia únicamente se ha ofrecido para reforzar a estos juzgados, la dotación de comisiones de servicios sin relevación de funciones; las plazas que presentan mayor dificultad de ser cubiertas. Este también es el momento de denunciar esta realidad, para que podamos mejorarla y evitar que ello se produzca en ulteriores reformas.
Tampoco podemos olvidar otra forma de violencia de género que se produce utilizando e instrumentalizando a los niños, niñas y adolescentes, como forma de causar daño y sufrimiento a sus madres; conocida como “violencia vicaria”: El término fue acuñado por la Psicóloga Forense doña Sonia Vaccaro e introducida por primera vez como forma de violencia de género en nuestra Ley Integral en el año 2021.
En estos momentos, cobra especial relevancia este tipo de violencia por el elevado número de niños y niñas que desde el año 2013, fecha en la que empiezan a recogerse estas cifras en las estadísticas, han sido asesinados por parte de sus padres o parejas de sus madres con la finalidad última de causar un sufrimiento a sus madres del que nunca podrán recuperarse; un total de 65 niños y niñas, nueve en 2024. Ello, sin obviar que, junto a esa violencia vicaria “extrema”, existe una violencia vicaria “habitual”, en la que se ejercen otras formas de violencia sobre las personas menores con el mismo fin de dañar a la madre.
La violencia vicaria es violencia de género y es además violencia a la infancia. Por ello, el Pacto de Estado, renovado en el año 2025, contiene un apartado específico dentro del eje dedicado a la asistencia y protección de las personas menores de edad con el título “Violencia vicaria y protección de menores”, que contiene una serie de medidas (entre las 281-320), encaminadas a reforzar la atención educativa, sanitaria y psicológica, incluyendo la adecuación de espacios judiciales e implementación de mecanismos de evaluación de riesgos con perspectiva de género e infancia, además de mejorar la formación especializada en todos los niveles profesionales, garantizando la recuperación integral y reparación de las víctimas de esta violencia. Y, actualmente, está en tramitación el Anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria en el que se recoge como propuesta normativa la tipificación de la violencia vicaria, entendida ésta siempre dentro de la violencia de género; además de contemplar un enfoque integral para garantizar la prevención, la atención inmediata, protección efectiva y la reparación adecuada para las víctimas.
Todas estas medidas, incluyendo la “visibilización” de esta forma de violencia de género, son necesarias para que España cumpla con la obligación permanente de defensa de los derechos humanos de las mujeres y de la infancia.
Por último, debemos alertar de los peligros que entraña la Inteligencia Artificial. Diversos estudios internacionales y nacionales han alterado de que los sistemas algorítmicos no son neutrales; ya que aprenden de los datos con los que se entrenan y, cuando estos reflejan desigualdades históricas o estereotipos sexistas, la tecnología reproduce y consolida dichas desigualdades. Contamos ya con múltiples formas de violencia digital; a través la difusión de contenidos falsos, manipulaciones de imágenes (deepfakes), hostigamiento en redes sociales o control tecnológico. Pero a ellas, se le ha unido la perpetuación velada de estereotipos sexistas que vehicula la Inteligencia Artificial.
La inteligencia artificial puede ser una ayuda, pero no puede quedar al margen de un debido enfoque de género, como garantía de la observancia de los derechos humanos, y en el ámbito de la prevención de la violencia machista.
Hemos avanzado, con el peligro del retroceso permanente, con los nuevos retos que se nos plantean, y el camino que aún nos queda por recorrer. Sin embargo, sabemos ya que el agente del cambio más poderoso es la actuación unida y coordinada de la ciudadanía. Todas y todos tenemos nuestra cuota de participación en la prevención, detección y visibilidad de la violencia; así como en la asistencia, protección y la reparación de las víctimas de la misma. No renunciemos a dejar a nuestra infancia y adolescencia de hoy un futuro donde puedan vivir en libertad, igualdad y sin miedo.