La Comisión de Derecho Internacional y Derechos Humanos de JJPD, ante el mal denominado Plan de Paz para Gaza de 16 de octubre de 2025, auspiciado por EEUU, con la mediación de Egipto, Qatar y Turquía, aceptado por Israel y Hamás, sin contar con la voz del pueblo palestino, quiere realizar la siguiente reflexión:

En el contexto de genocidio al pueblo palestino, entendemos que no puede hablarse de paz cuando no se abordan las sistemáticas violaciones de derechos humanos, y las políticas de ocupación y apartheid que el Estado de Israel viene infringiendo al pueblo palestino desde hace décadas. Tampoco cuando no se establece una rendición de cuentas ni existe un compromiso firme de reconocer y garantizar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino. Una solución duradera implica necesariamente tener en cuenta el recorrido histórico, las causas estructurales que subyacen a esta situación, los desequilibrios de poder, así como la obligación del respeto y cumplimiento de la legalidad internacional por parte del Estado de Israel.

  El plan no contempla la participación de pueblo palestino, ni en la toma del acuerdo, ni reconoce su derecho a la libre determinación, ni el derecho al retorno de la población. El plan olvida la situación en Cisjordania y Jerusalén Este, cada vez más asediada y masacrada por la ocupación israelí y por el inminente proyecto de anexión de la zona norte y sur a través de la denominada zona E1, rompiendo la unidad e integridad del Estado palestino, perpetuando la fragmentación sobre la que se sostiene el apartheid israelí. No podemos olvidar que, desde octubre de 2023, Israel ha asesinado en Cisjordania a 1001 palestinos y palestinas, de los cuales, una quinta parte eran menores de edad.

Es imperativo el cese permanente del genocidio y crímenes internacionales, así como hacer llegar la ayuda humanitaria para evitar la hambruna que se ejecuta por parte de Israel sobre la población palestina, y que se está utilizando como arma de guerra. Dicha obligación vincula a toda la comunidad internacional, y en ningún caso puede condicionarse el suministro de ayuda humanitaria a la aceptación de este plan.  Conviene recordar que todos los Estados tienen la obligación de prevenir, detener y sancionar el genocidio, así como poner fin, incondicionalmente, a todo crimen de lesa humanidad y todo crimen de guerra, como es la negación de los alimentos y servicios esenciales para la vida. El genocidio no va a acabar hasta que se reestablezcan todas las condiciones esenciales de vida en Gaza; y desde la firma del acuerdo Israel ha asesinado al menos a 101 palestinos y palestinas; y sigue impidiendo la entrada de ayuda humanitaria a Gaza.

La Corte Internacional de Justicia, y la Asamblea General de ONU han declarado ilegal en numerosas resoluciones, la ocupación, la discriminación sistemática y la segregación del pueblo palestino y ha establecido la obligación de Israel de poner fin a la ocupación, desmantelar los asentamientos ilícitos, evacuar a los colonos y reparar a las víctimas; y la obligación de todos los Estados y organismos de procurar el fin de la ocupación ilegal. No puede haber ninguna paz que se construya sobre una ocupación ilegal y perpetúe el sometimiento del pueblo palestino, incumpliendo las resoluciones internacionales (en septiembre venció la última de ellas) y estableciendo nuevas ocupaciones; con el acuerdo actual, se traza una nueva línea amarilla, por la que queda bajo el control de Israel el 53% del territorio de la Franja de Gaza, de forma indefinida, y dejando a la población gazatí confinada en una zona de dunas donde no es posible el cultivo.

Es necesario recordar que existe una causa abierta contra Israel en la Corte Internacional de Justicia por genocidio (que ya en enero de 2024, manifestó que era plausible que Israel estuviera cometiendo genocidio), y otra en la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel y contra su ex ministro de defensa Gallant por crímenes de guerra y contra la humanidad. El día 17 de octubre de 2025, se ha dictado Auto por la CPI desestimando el recurso de Apelación presentado por Israel contra las órdenes de detención internacional dictadas el 21 de noviembre de 2024.

Es notorio la existencia de numerosos informes de expertos y expertas internacionales que con rigurosidad y tras un estudio exhaustivo han concluido que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, como la Comisión de Expertos independientes de ONU de septiembre de 2025, o la Academia, a través del informe de la Asociación Internacional de Expertos en Genocidio ( IAGS), o la propia CIJ veía indicios desde enero de 2024;  siendo imprescindible establecer todos los procesos necesarios para identificar las responsabilidades de los distintos actores en estos crímenes, incluyendo también las responsabilidades por complicidad. 

Queremos denunciar que el Acuerdo de paz se ha realizado al margen de Naciones Unidas, como foro multilateral que representa a la comunidad internacional y que entre sus competencias tiene el encargo de mantener la paz y la seguridad internacionales. Frente a soluciones unilaterales es necesario poner en valor el papel de Naciones Unidas como vía legitimadora de cualquier proceso de paz. También es necesaria el compromiso de la Unión Europea, debiendo llevar a cabo de forma inmediata la suspensión del acuerdo comercial privilegiado con Israel. Estas propuestas, siguen a una revisión del cumplimiento por parte de Israel del Artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE- Israel, que establece que el respeto por los derechos humanos y la democracia es un «elemento esencial» del acuerdo y la base de las relaciones bilaterales. Esta violación, da derecho a la UE a suspender el Acuerdo unilateralmente, y hasta el momento no lo ha llevado a cabo.

En la situación actual, en la que estamos viendo el incumplimiento del acuerdo de paz, pues Israel ya ha incumplido más de 50 veces la tregua, y ha asesinado y herido a centenares de gazatíes tras la firma del acuerdo de paz, podemos determinar que el alto al fuego ha sido diseñado para seguir perpetrando el genocidio a cámara lenta, en un momento en el que la sociedad mundial estaba poniendo en peligro la estabilidad de ciertos líderes políticos, ante las gravísimas atrocidades que veíamos cada día en redes sociales; además, la ocupación no solamente no se ha interrumpido sino que se ha agravado; y se habla de retrasar la toma de decisiones que se habían puesto encima de la mesa en relación al bloqueo de la actuación israelí, por parte de diferentes Estados y organismos, pero nuevamente vuelve a pararse; y por supuesto, sin que se contemple ningún escenario de rendición de cuentas. Reiteramos la obligación de comprometernos con los DDHH y la obligación de detener este genocidio, derivado de la legislación internacional. De los 1900 rehenes palestinos liberados por Israel la semana pasada, la mayoría no tenían cargos, ni condenas, y así lo han denunciado diferentes Relatores de Naciones Unidas y organizaciones Internacionales. La ley israelí permite detener sin cargos a cualquier palestino, incluso aunque sean menores de edad. De los 9000 palestinos encarcelados en Israel, más de 3500 no tienen cargos, y de ellos, más de 400 son menores de edad.

Finalmente, destacar que una paz sin mujeres no es paz. El Plan de Paz 2025 incumple la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la ONU y las resoluciones que conforman la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad, pues según la información disponible, ninguna mujer palestina ha participado en el proceso de negociación, perpetuando un modelo patriarcal y excluyente. Porque, por el contrario, sí han asesinado a más de dos mujeres y niñas por hora en Gaza desde octubre de 2023, pues son más de 33000 mil asesinadas; más de un millón necesitan ayuda alimentaria; y una de cada siete familias en Gaza, está dirigida por una mujer.

 Una paz real y duradera para Palestina exige:

1. El fin inmediato del genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, la ocupación, y el apartheid, exigiendo el respeto del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos.

2. Rendición de cuentas de los responsables ante los tribunales internacionales y reparación para las víctimas.

3.  Participación del pueblo palestino en todo el proceso de reconstrucción y gobernanza y dar un protagonismo a las mujeres y la sociedad civil palestina, así como el establecimiento de un procedimiento claro que garantice el ejercicio del derecho de autodeterminación del pueblo palestino.

La Asamblea de JJpD aprueba:

1. La declaración de respaldo absoluto a la legalidad y a los organismos y Tribunales internacionales.
2. La realización de todas las acciones encaminadas a respaldar el Derecho internacional, las resoluciones de los organismos internacionales y de los magistrados y fiscales de Tribunales Internacionales.
3. La exigencia ante el Gobierno de España, y la Unión Europea de cumplir con las resoluciones de los organismos y Tribunales internacionales, y en particular las que se refieren a exigir el fin de la ocupación ilegal, y la obligación para prevenir y sancionar el delito de genocidio.
4. Instar al Gobierno de España para que inicie una reforma legislativa que permita la ampliación de la jurisdicción universal en la persecución de los crímenes de guerra.
5. Instar al Gobierno de España para que realice todas las acciones para colaborar con la investigación de los crímenes de guerra.
6. Instar al Gobierno de España para que convoque en el ámbito de la UE, una conferencia de paz, en la que ambas partes puedan negociar en condiciones de igualdad, legalidad internacional y derechos humanos.
7. Instar al Gobierno de España para que adopte medidas concretas para evitar el genocidio del pueblo palestino; entre las que se encuentran la adopción y mejora de las condiciones de protección internacional a los palestinos y palestinas.

ADHESIONES AL COMUNICADO

Se hace constar que también habían propuesto la condena del genocidio del pueblo palestino y, por tanto, se adhieren expresamente al comunicado aprobado:

• Sección Territorial de Murcia, que presentó la propuesta de “Denuncia del genocidio del pueblo palestino”.
• Sección Territorial de Madrid, que presentó la propuesta de “Condena al genocidio en Gaza”.

24 de octubre 2025