El mecanismo de la cesión de créditos en masa se ha generalizado en los últimos años provocando un desplazamiento de las carteras de clientes morosos desde las entidades bancarias tradicionales hacia entidades de cobro, operándose el cambio de acreedor al margen del consentimiento del deudor ( STS 151/2020, de 5 de marzo, seguida por las SAP Madrid sec 12, 17 de noviembre de 2022; SAP Barcelona, sec 13, de 4 de noviembre de 2022; SAP Tarragona 10 de noviembre de 2022; SAP Sevilla, Sec 8, 15 de junio de 2022; SAP Valencia, sec 11, 2 de marzo de 2022)

Esta dinámica, que en ocasiones conlleva sucesivas trasmisiones del crédito entre entidades de esta naturaleza, unido a la pasividad de los deudores a la hora de oponerse cuando se les reclama judicialmente el pago, ha dado lugar a multitud de procedimientos en fase de ejecución en los que el crédito ha vencido hace más de cinco años, pese a lo cual no cabe apreciar la prescripción, dado que ha de ser instada por aquel a quien se reclama.

Si bien se han abierto vías interpretativas en la jurisprudencia para atenuar este efecto indeseable en la dilación en el ejercicio del derecho del acreedor, apreciando una conducta de retraso desleal, (SAp Valencia secc 6, 23 de enero de 2023, y las que en esta se citan), resulta necesario que los jueces y juezas puedan evitar el pernicioso efecto perjudicial que para los deudores implica tal demora en el tiempo que incrementa notablemente el importe de intereses que serían exigibles de haberse ejercitado la reclamación en un plazo razonable, y no dependiendo de las vicisitudes financieras de las acreedoras.

Por ello, se propone al Gobierno la regulación de un plazo de caducidad, apreciable de oficio, en procedimientos frente a consumidores de modo que no se puedan reclamar créditos vencidos cinco años antes de entablar la reclamación judicial o de la cesión durante la ejecución a través de cualquiera de los procedimientos previstos en las leyes procesales.