Juezas y Jueces para la Democracia alertan contra el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Desde el 2014, año en el que comenzó la recopilación de datos, las personas muertas o desaparecidas en su trayecto migratorio hacia Europa ascienden a unas 30.000. Frente a esta situación la UE ha adoptado una normativa que supone la ausencia de garantías y derechos en la frontera; se dificulta el acceso al derecho de asilo mediante procedimientos de asilo acelerados que impiden un estudio individualizado de las solicitudes, contraviniendo el Convenio Europeo de Derechos Humanos; hay un incremento de las obligaciones de las personas solicitantes, una reducción del derecho a la asistencia jurídica y a ser escuchado, amenazando el principio de no devolución y convirtiendo las fronteras europeas en un espacio de no derechos.
El Pacto autoriza los retornos a terceros países que no cumplen mínimos estándares de derechos humanos como Marruecos, Argelia, Libia, Túnez o Egipto, en los que no está garantizada su protección. Europa externaliza la frontera, paga para no acoger, cuantificando el valor de las vidas de seres humanos.
Europa no puede amparar esta vulneración de los derechos humanos que supone el Pacto Europeo de Migración y Asilo porque contraviene la protección y reconocimiento de derechos de las personas migrantes. En estos tiempos de odio y exclusión de los más vulnerables solo se puede fortalecer el estado de derecho y la democracia a través de políticas migratorias que pongan en el centro a las personas y sus derechos.