Desde la aprobación del Estatuto de la Víctima del Delito la Administración de Justicia viene obligada a adaptarse a un cambio de paradigma en el que la atención, asistencia y protección de quienes padecen un hecho delictivo se constituye como una obligación principal que debe inspirar toda la práctica diaria de nuestros juzgados y tribunales.
A ello contribuyen diversas normativas que se han ido aprobando desde entonces y en las que el trato individualizado y adaptado a las circunstancias de las víctimas, provisto además por personas especializadas, constituye un eje fundamental de la actuación de la Justicia. Profundizando en tales ideas, tanto la ley 8/2021 de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia como la ley 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual prevén la necesidad de abordar esta especialización.
Ambas normas prevén, en su Disposición Adicional Vigésima que, en el plazo de un año desde su aprobación, deberán tramitarse las reformas legales que garanticen la especialización de los órganos judiciales y de sus titulares para la investigación y enjuiciamiento de delitos cometidos sobre personas menores de edad, así como la especialización en violencia sexual, modificando a tal fin las competencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Sobradamente transcurrido dicho plazo, es el momento de instar al Gobierno para que se lleve a cabo de forma efectiva dicha especialización y se presente el Proyecto de Ley correspondiente en el que se atienda a ambas exigencias, acordando la creación de Juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer y violencia vicaria convenientemente dimensionados y dotados para garantizar una adecuada atención a estas víctimas y con personal capaz de dar una respuesta integral y completa a sus necesidades.
Esta exigencia de especialización, que deberá extenderse a los Juzgados de Familia con su necesario reconocimiento de forma autónoma, constituye un presupuesto fundamental para la eficacia de estas normas, así como el reconocimiento de la importancia de la protección de las víctimas tiene en nuestro sistema de Justicia.