Acaban de cumplirse 5 años con el CGPJ en funciones. Pese a que el art. 122.3 de la Constitución española establece que la duración de su mandato son cinco años, el actual lleva diez, tres presidentes y cuenta cada vez con menos vocales que dejaron de serlo por fallecimiento, jubilación o renuncia.

Esta anormalidad institucional supone un evidente perjuicio para la sociedad y la organización judicial. El Tribunal Supremo cada vez padece más vacantes, la mayoría de las presidencias de Audiencia y Tribunales Superiores de Justicia están en funciones y la falta de liderazgo del CGPJ entorpece el trabajo de juzgados y tribunales. Quienes acuden al Poder Judicial a litigar, profesionales del derecho, y la sociedad en general, sufren los perjuicios de esta situación. 

Las numerosas excusas que opone el Partido Popular para mantener su bloqueo durante años, ya ni siquiera merecen comentario. En cambio, nos parece que quienes permanecen como vocales del CGPJ, contribuyen decisivamente a mantener esta situación que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial. Personas que por su profesión y responsabilidad están obligadas a garantizar el cumplimiento de ambas, y del ordenamiento jurídico, prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno.

Hay que recordar que un grupo mayoritario de vocales del CGPJ se permite intervenir en el debate partidista sobre una proposición de ley que ni siquiera se había presentado en las Cortes, retrasar el preceptivo informe sobre proyectos de Ley, como el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aún no han emitido, opinar con su cargo caducado y en funciones sobre la idoneidad del Fiscal General del Estado, y demorar deliberadamente durante semanas la renovación del Tribunal Constitucional.

Con su proceder, han contribuido al desprestigio de una institución que constatamos se encuentra en franca descomposición. Hay un vergonzante abandono de funciones propias e imprescindibles, que no producen réditos políticos a quienes sin motivo legítimo les mantienen en el cargo, única preocupación desde hace demasiado tiempo de sus integrantes, como demuestra que el Tribunal Supremo en STS 581/2023, de 22 de septiembre, condenara al CGPJ por incumplir su obligación de regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral, o que anulara varios de sus nombramientos para el Tribunal Supremo o Presidencias de Tribunal Superior de Justicia.

Su actuación, además, afecta directamente al derecho al juez natural predeterminado por la ley, pues las comisiones de servicio que acuerdan con la excusa de reforzar juzgados y tribunales se verifican sin criterios objetivos y eludiendo el escalafón. En definitiva, abusan de su función, hace cinco años caducada, incumplen la Constitución que juraron acatar y manchan la imagen de imparcialidad de la judicatura con su servilismo a opciones partidistas.

En este triste quinto aniversario reclamamos, por todo lo indicado, la dimisión del presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial, siguiendo el ejemplo de quienes, anteriormente, constataron que no cabía prolongar irregularmente la duración de su mandato.

Madrid, 4 diciembre 2023

UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES

JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA