LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NECESITA UN PLAN DE CHOQUE
El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia reclama de los poderes públicos que esta XV legislatura que ahora comienza afronte con rigor y ambición los cambios esenciales que necesita la administración de justicia. Entendemos que la situación actual, derivada de una sobrecarga de asuntos endémica que los recientes conflictos sindicales han agravado, unida a la falta de liderazgo de un Consejo General del Poder Judicial caducado y en descomposición, merece una respuesta inmediata y firme, que permita volver a ilusionar a cuantos servimos en la administración de justicia, con el fin de mejorar su funcionamiento y prestar un mejor servicio a quienes recurren a Juzgados y Tribunales, y a la sociedad en general.
Proponemos, con esa finalidad, un plan de choque que sirva de revulsivo, y que se base en mayor inversión, más eficiencia y una decidida voluntad de afrontar problemas estructurales de la administración de justicia, que tienen solución si se atacan con medios, inteligencia y cooperación de cuantas personas y profesionales jurídicos se dedican día a día a trabajar en ella.
En definitiva, reclamamos del Ministerio de Justicia, Comunidades Autónomas, Fiscalía General del Estado y CGPJ que se adopten urgentemente las siguientes medidas:
- Un incremento presupuestario significativo, que permita disponer de recursos para afrontar la sobrecarga de asuntos y las necesidades de Juzgados y Tribunales. Sólo con recursos suficientes podrán plantearse remedios eficaces a las carencias que padece la administración de justicia.
- Impulsar el plan de trabajo dentro de la Agenda Justicia 2030 con el fin de cumplir sus tres objetivos: acceso a derechos y libertades, eficiencia del servicio público de la justicia y contribución a la sostenibilidad y cohesión. Especialmente los relativos, por un lado, al acceso universal, lenguaje accesible y desarrollo de los planes de igualdad y conciliación. Y, por otro, a la mejora de la eficiencia de la administración de justicia, recuperando los proyectos de ley de eficiencia organizativa, digital y procesal, y en particular, los Tribunales de Instancia. En los proyectos citados se proponían medios alternativos de solución de conflictos, procedimientos testigo y extensión de efectos, que mejorarían la respuesta judicial a muchos litigios.
- Poner en marcha inmediatamente la tramitación del proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que modernice nuestro proceso penal y eleve sus garantías. Ya es hora de pasar de una regulación decimonónica a otra que se adecue a las necesidades del proceso penal en el siglo XXI.
- Incrementar el número de juzgados y tribunales, con el fin de alcanzar una distribución de asuntos asumible, que permita una dedicación suficiente a cada uno de ellos, y una respuesta rápida y de calidad. En particular reclamamos un especial esfuerzo para aumentar los recursos y el número de Juzgados de Violencia sobre la Mujer, cuya relevante función de protección a la mujer debe ser reforzada.
- Duplicar los recursos destinados a ampliar judicatura y fiscalía. Proponemos que cada año en lugar de 200 plazas para la judicatura y fiscalía se convoquen 400, con el fin de reponer las próximas jubilaciones e incrementar los efectivos para atender la carga de trabajo. Reclamamos, además, que el CGPJ cumpla con la legalidad y convoque las plazas de cuarto turno que exige la Ley Orgánica del Poder Judicial.
- Elevar el número de becas públicas de los programas para la preparación de oposiciones a las Carreras Judicial y Fiscal y a los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia y Abogados del Estado, con el fin de eliminar barreras socioeconómicas que puedan afectar a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- Mejorar las condiciones laborales y retributivas de quienes prestan servicio en la administración de justicia, procurando unos niveles de trabajo razonables que no perjudiquen su salud laboral.
- Aumentar los recursos y la remuneración dedicados a la abogacía de oficio, de forma que alcance unos niveles dignos para retribuir su dedicación y la calidad de su actividad profesional.
- Actualizar los umbrales para la concesión del derecho a litigar gratuitamente, con el fin de aumentar el número de personas y familias que accedan al mismo, evitando que la falta de recursos económicos pueda afectar o limitar sus derechos.
- Introducir una especialización en materia de familia, infancia y capacidad, con el fin de facilitar desde los tribunales una adecuada respuesta a las crisis que tiene que afrontar.
1 de diciembre de 2023
SECRETARIADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA