Ayer, día 1 de noviembre, leímos en diferentes medios de comunicación que un grupo de vocales del Consejo General del Poder Judicial, en funciones desde hace más de cinco años y propuestas por el mismo partido, promovían una declaración del mencionado órgano constitucional considerando que una proposición de ley, que todavía no se ha presentado, no sólo era inconstitucional, sino que convertía en “objeto de mercadeo” el Estado de Derecho y “denigraba” el mismo.
Esa declaración supone un abuso de las atribuciones legales que ostentan y una desviación de la legítima función de ese órgano. Conlleva, además, una invasión clara de la función jurisdiccional, que la Constitución reserva a la judicatura.
Sus afirmaciones invaden la exclusiva función del juicio de constitucionalidad que sólo al Tribunal Constitucional corresponde, al ser el supremo intérprete de ésta.
Es evidente que existen dudas legítimas sobre esa futura y desconocida proposición de ley que alimentan un debate jurídico y político que se está produciendo en una sociedad plural y que está llamado a desarrollarse también en los tribunales.
Ante estas dudas, queremos llamar a la calma a la sociedad y recordar que el ordenamiento jurídico contempla vías para la formulación, tramitación y resolución de las discrepancias, y la defensa del orden constitucional y legal.
Vivimos en un país donde la judicatura es imparcial y el imperio de la ley ampara a toda la ciudadanía. Existen vías y medios que garantizan y amparan el Estado de Derecho que nuestra Constitución consagra como piedra angular de la convivencia. JJpD confía en las instituciones y en nuestro sistema de derechos y libertades. Siempre lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo.
El CGPJ, como órgano constitucional que es, está llamado a mantener el deber de neutralidad en el debate partidista. Hace tiempo que esa neutralidad se abandonó dando sobradas muestras de parcialidad. Se obvian las funciones legales que les corresponden y tienen abandonadas desde hace años, convirtiéndolas en una suerte de activismo, contrario al principio de legalidad que configura sus potestades de acuerdo con los artículos 560 y ss. LOPJ.
Reclamamos, por ello, responsabilidad, sometimiento a la legalidad y respeto a las instituciones. Y pedimos a esas/os vocales que no conviertan al CGPJ en un actor partidista, y que no afecten a la imagen de neutralidad e independencia de la judicatura y el Poder Judicial, convirtiendo el Consejo en una caja de resonancia de posiciones partidistas.
El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia
2 de noviembre de 2023