Estimados/as compañeros/as,
En el marco legal previsto en la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, el pasado mes de mayo se alcanzó un acuerdo en materia de retribuciones entre el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado de Función Pública y la Secretaría de Estado de Justicia, y las asociaciones judiciales y fiscales Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y Asociación Profesionales e Independiente de Fiscales.
Dicho acuerdo se recogió por escrito, fue firmado el 23 de mayo pasado y obligaba a que el Consejo de Ministros aprobara su contenido, lo que no ha ocurrido hasta la fecha. El adelanto electoral, que ha acortado la duración de la legislatura, a nuestro juicio obliga a que el gobierno de la nación atienda ese compromiso y lo haga con urgencia, para que sus previsiones tengan efectividad en las fechas pactadas.
Por dicha razón reclamamos que con urgencia el Gobierno atienda los acuerdos que alcanzó en el documento signado el 23 de mayo de 2023, y que lo haga antes de la celebración de las elecciones generales. Lo contrario obligará a los firmantes no sólo a exigir ante los tribunales el cumplimiento de un acuerdo claramente vinculante, sino a adoptar las medidas de presión que sean necesarias para asegurar que se atienden los compromisos alcanzados para la mejora tanto de las condiciones profesionales de judicatura y fiscalía como de la administración de justicia.
Asociación Judicial Francisco de Vitoria
Juezas y Jueces para la Democracia
Foro Judicial Independiente
Asociación de Fiscales
Unión Progresista de Fiscales
Asociación Profesional e Independiente de Fiscales