Buscar y rescatar a los migrantes en el mar, proporcionándoles la asistencia necesaria, es una obligación legal, así como un imperativo humanitario. El deber de cooperar en las actividades de rescate recae en todos los Estados interesados.

La Unión Europea y todos los Estados miembros deben garantizar un sistema de acogida de migrantes en consonancia con las normas de protección de los derechos humanos y el firme compromiso de proteger los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, declarado solemnemente a la comunidad humana y a las generaciones futuras en la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Este compromiso no puede seguir siendo una declamación vacía.

La política de externalización de las fronteras europeas, junto con el restablecimiento de sus fronteras interiores, exponen a los migrantes al riesgo de sufrir tratos inhumanos y degradantes, prohibidos por el artículo 3 del CEDH y por el artículo 4 de la Carta de Derechos Fundamentales. Recientemente, el ACNUR ha advertido una vez más contra el incremento de la violencia y la grave violación de los derechos humanos con malos tratos y devoluciones, denunciados regularmente en varios puntos de acceso a las fronteras terrestres y marítimas interiores y exteriores europeas.

El Proyecto Migrantes Desaparecidos (MMP) de la OIM documentó al menos 2.836 muertes y desapariciones en la ruta del Mediterráneo Central desde 2021 (a 24 de octubre de 2022), un incremento en comparación con las 2.262 muertes registradas entre 2019 y 2020. Los incrementos en el número de muertos desde 2021 se han documentado también en muchas otras rutas europeas.

Estas son situaciones dramáticas que ocurren todos los días ante nuestros ojos, a lo largo de las fronteras entre Polonia y Bielorrusia, Turquía y Grecia, Francia e Italia, España y Marruecos, en la ruta de los Balcanes, así como en el cruce del Canal de la Mancha.

La suerte de los migrantes detenidos en Libia o secuestrados allí por la guardia costera local, cuyos agentes están siendo investigados por la Corte Penal Internacional, es igualmente conocido: encarcelados y torturados, esclavizados, vendidos a otros traficantes de personas.

Hace tiempo, la Unión Europea decidió poner fin a la operación de rescate italiana Mare Nostrum y a las acciones de patrullaje, sin sustituirlas por un plan de búsqueda y rescate bien dotado.

El papel vicario asumido por las ONGs no puede evitar la pérdida continua de miles de vidas. Además, como destacó recientemente el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa[1], en lugar de reconocer a las ONG como socios clave, los Estados miembros han persistido en un enfoque hostil y en la preocupante tendencia de criminalizar a quienes salvan vidas en el mar.

Frente a los recientes obstáculos -establecidos bajo las banderas de la seguridad nacional- al desembarco en el puerto de Catania de migrantes rescatados en el mar Mediterráneo por buques de una ONG, MEDEL recuerda una vez más las obligaciones internacionales que exigen no solo salvar vidas en el mar, sino también desembarcar a los rescatados en un lugar seguro: todas las personas rescatadas son vulnerables, y para el derecho marítimo su condición jurídica resulta irrelevante.

Estos acontecimientos urgen a la Unión Europea a adoptar decisiones claras apegadas a los principios y valores que forman parte de su patrimonio espiritual y moral.

En el contexto de todo lo anterior, MEDEL reafirma que:

  • se dará una clara prioridad a salvar vidas humanas, iniciando de nuevo una misión pública europea de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo Central, la ruta migratoria más peligrosa del mundo;
  • se garantizará el principio de solidaridad entre los Estados en la gestión de los flujos de migrantes y solicitantes de asilo, también mediante las modificaciones necesarias del Reglamento de Dublín y de los criterios que definen la competencia para resolver sobre las solicitudes de protección internacional;
  • debe ponerse en marcha una política adecuada de cooperación para el desarrollo basada en los derechos humanos, con normas de derechos humanos que orienten la asistencia en todos los sectores y fases;
  • las políticas migratorias se ajustarán a una lectura sustantiva de los principios del Estado de Derecho, que incluya la protección de los derechos humanos; toda violación de los derechos fundamentales de los migrantes, solicitantes de asilo y refugiados se considerará una violación grave de los valores fundacionales de la Unión Europea, consagrados en el artículo 2 del TUE. Por lo tanto, la política de migración debería incluirse en los informes sobre el Estado de Derecho publicados anualmente por la Comisión Europea.

Barcelona, 03 de diciembre de 2022

[1] Informe de seguimiento de la Recomendación de 2019 del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, titulada «Un llamamiento de socorro para los derechos humanos: la creciente brecha en la protección de los migrantes en el Mediterráneo», marzo de 2021.