Juezas y Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, ante la situación que se desarrolla en los territorios ocupados palestinos, especialmente en Gaza, y sobre la base de informes y resoluciones de...

La designación de las presidencias de Sala en el Tribunal Supremo por el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que acaba de tener lugar constituye un paso atrás en las políticas de igualdad que debieran caracterizar el quehacer de esta institución, pues ha provocado que de nuevo la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo tenga una composición mayoritariamente masculina. Tras los recientes nombramientos, de las cinco salas que compone el Tribunal Supremo sólo hay una presidenta (Sala Social), mientras que las otras cuatro (Civil, Penal, Contencioso y Militar) las presiden hombres. Una proporción inaceptable, que desconoce el art. 599.1.4ª LOPJ, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.

El mensaje que transmite el órgano de gobierno del poder judicial es desolador, dado que debe ser el primero en cumplir la Constitución y las normas a las que todo poder público está sujeto. El principio de legalidad exige un comportamiento leal que no ha existido.

JJpD considera inaceptable esta situación. Creíamos que el actual CGPJ tenía intención de superarla. En esta ocasión se contaba con candidatas de incuestionable currículo, mérito y capacidad, reconocido por todas las instancias que evacuaron informe, que se han visto obligadas a renunciar ante el innegable e injustificado veto de las y los vocales conservadores.

Las políticas de igualdad son imperativas porque, como se ha demostrado en este caso, siguen existiendo resistencias inadmisibles a que se produzcan nombramientos femeninos en los más altos cargos judiciales con el fin de equilibrar el número de magistradas en puestos de relevancia.

Juezas y Jueces para la Democracia continuará exigiendo que esas políticas se cumplan y reclama del CGPJ que no abandone la búsqueda de una presencia real y efectiva de magistradas y juezas en los puestos de mayor responsabilidad judicial. Solo de esta manera se cumplirá con el principio de legalidad.

SECRETARIADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA