Un año más, resulta imprescindible elaborar una reflexión con ocasión de la fiesta de la clase trabajadora que se celebra hoy, 1 de mayo. La hacemos desde nuestra condición de jueces laboralistas comprometidos en serio con los derechos sociales.

Dado el sufrimiento que nos acecha en estos tiempos, causado, entre otros, por la guerra en Ucrania y por los perturbadores indicios de corrupción en nuestro país, nos gustaría lanzar un mensaje esperanzador que encontramos en el trabajo realizado.

Así, debemos comenzar recordando el hilo que une las reivindicaciones de este día con el significado profundo del antifascismo.

Efectivamente, el pasado 25 de abril hemos celebrado el aniversario de la Revolución de los Claveles que hizo caer a la dictadura de Caetano en Portugal, y la fiesta nacional de Italia por la Liberación, tras la caída del régimen nazi fascista.

Como refiere Antonio Baylos, “la mejor definición de antifascismo la debe dar el cumplimiento de los elementos centrales de la constitución democrática española, que lejos de constituir un proyecto regresivo y continuista del franquismo, contiene elementos muy importantes de cambio y de activación de la participación ciudadana y democrática”.

Pues bien, nuestra Comisión Social ha efectuado en los últimos meses un trabajo colectivo dirigido a visibilizar las condiciones de extrema precariedad de determinados sectores, celebrando jornadas donde las trabajadoras sexuales, las kellys, o las jornaleras de fresa pudieran expresar sus problemas. Igualmente, hemos estudiado y difundido las potencialidades que supone la ratificación por el Estado del Protocolo de Reclamaciones colectivas de la Carta Social Europea, con el objetivo de denunciar el incumplimiento de los derechos sociales, especialmente grave en momentos de crisis económica.

Hemos realizado encuentros con sindicatos para constatar el inmenso calado de la reforma laboral, celebrando que la autonomía colectiva deje de ser subalterna respecto a la intervención de los gobiernos, la defensa de la estabilidad en el empleo, o la disminución de la violencia del poder privado al situar el despido como última ratio.

Igualmente hemos celebrado la STJUE que va a garantizar el derecho al desempleo o a las prestaciones de FOGASA de las trabajadoras del hogar y nos hemos pronunciado públicamente a favor de sus reclamos.

En definitiva, una práctica política seria que trata de hacer efectivos los derechos constitucionales, desde una sensibilidad comprometida con la ciudadanía más vulnerable, que seguiremos practicando.

COMISIÓN DE SOCIAL DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA