El Tribunal Supremo, en el día de ayer, ha dictado Sentencia confirmando la condena del que fuera magistrado de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Salvador Alba Mesa, a una pena de 6 años y 6 meses de prisión y 18 años de inhabilitación por delitos de prevaricación judicial, falsedad en documento público y cohecho, condenándole a indemnizar a Victoria Rosell Aguilar, magistrada en excedencia y perjudicada por los hechos, a una cantidad de 60.000 euros.
Se trata de una condena por los delitos más graves por los que puede ser condenado un juez en el ejercicio de su función.
La integridad de las instituciones, objetivo fundamental para nuestra asociación, es esencial en cualquier estado social y democrático de derecho para lograr la confianza de la ciudadanía.
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, confirmada por el Tribunal Supremo, contribuye a esa integridad y confianza institucional y pone de manifiesto que por encima de las distintas sensibilidades que podamos tener las personas que integramos la carrera judicial, está siempre la ética, la profesionalidad y el respeto a la Ley.
Mostramos nuestra más absoluta confianza en los/as jueces y juezas que integran el poder judicial en España, que ejercen su trabajo con plena honestidad y respeto a la Ley y derechos de las personas, y esperamos, y deseamos, que nunca otra vez un juez/a sea condenado/a por hechos tan graves.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia mostramos nuestro apoyo a Victoria Rosell Aguilar que ve, con esta Sentencia, como se hace justicia en un supuesto de corrupción judicial del que fue víctima y que tanto sufrimiento le causó.
26 de noviembre 2021
EL SECRETARIADO