Desde Juezas y jueces para la Democracia manifestamos nuestra más enérgica repulsa a los asesinatos de mujeres que desde el comienzo de este año ascienden a un total de 28. Esta situación se revela dramática si tenemos en cuenta la secuencia de asesinatos machistas de las últimas semanas: desde el pasado 17 de mayo han sido asesinadas 20 mujeres, en contraposición con los cuatro primeros meses del año con un total de ocho. De esta cifra en torno al 80% no denuncian a sus agresores, y en el caso de las mujeres mayores de 65 años el porcentaje de denuncias es aún más bajo, resultando ser  las que menos denuncian y las que menos protección reclaman; solo en un 10 % de los casos se había interpuesto denuncia, lo que supone 10 puntos más de silencio que la media. Se evidencia de estos datos que concurre una bolsa oculta de violencia que hace imprescindible que todas las instituciones busquen caminos alternativos para conseguir detectar y abordar todos los casos de violencias más allá de la presentación de la denuncia, ya sea a través del cribado sanitario, de los servicios sociales o asistenciales y educativos e incentivando la denuncia de los familiares y allegados (que apenas se produce en el 2% de las ocasiones). Asimismo, es necesaria la adopción y aplicación de planes de acción multisectoriales que hagan hincapié en la prevención siempre dotados de los recursos necesarios.

 

Es prioritario adquirir un enfoque integral, a largo plazo, holístico, multidisciplinar y coordinado entre todos los sectores, para combatir la violencia contra las mujeres, que reconozca el importante papel y experiencia que las asociaciones de mujeres tienen en la prestación de servicios. El principal objetivo de la colaboración interinstitucional debe ser que las mujeres puedan recibir asistencia coordinada para reclamar sus derechos, tengan acceso a los servicios que necesitan y se les facilite el contacto con las autoridades. Esta estrategia requiere situar las necesidades de las víctimas en el centro de la colaboración entre los diversos organismos, lo que implica invitar a las víctimas de forma regular a participar en actividades de evaluación e investigación sobre la violencia de género, englobando tanto la realización de estudios para avanzar en la comprensión de la violencia y su impacto en la vida, la salud y el bienestar de las mujeres y menores, como estudios que evalúen las intervenciones realizadas. Esta podría ser la piedra angular para mejorar el conocimiento de esta realidad y rediseñar la orientación de los servicios socio-sanitarios, sociales y gubernativos. Juezas y Jueces para la democracia vuelve a reclamar en este comunicado la inmediata puesta en marcha de todas las medidas englobadas en el Pacto de Estado que servirían de balance para avanzar en la dirección correcta en esta lucha.

 

Resaltar igualmente que el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior evalúa, entre otras cuestiones, si hay indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a ésta, especialmente hacia los menores a su cargo, basándose en los cuestionarios policiales que se hacen a las mujeres denunciantes. Según el último informe estadístico del VioGén, del 31 de mayo de este año, actualmente en España hay 471 menores en riesgo de convertirse también en víctimas de sus propios padres. De ellos, 415 en situación de riesgo medio, 55 alto y uno extremo. Este balance debe necesariamente llevar consigo una implicación de todas las instituciones en aras de proteger a todas las potenciales víctimas entre niños y niñas facilitando su detección.

 

Por último, resulta necesario la reflexión sobre el papel de los medios de comunicación como agentes sociales de primer orden en la transmisión de informaciones sobre violencia de género. La propia Ley Orgánica 1/2004 defiende en su articulado la necesidad de implicación de los medios de comunicación social como parte de la dinámica de cambio necesario, instando a salvaguardar la igualdad y a propiciar un trato no discriminatorio. No en vano la propia ciudadanía afirma conocer este fenómeno en un 95% de los casos a través de los medios de comunicación. La conclusión a la que puede llegarse es sencilla: la violencia de género será lo que los medios cuenten que es la violencia de género. Del impacto en la sensibilidad social por parte de los medios puede inferirse que la manera en que éstos discriminan las informaciones, las conceptualizan (con el uso de cintillos o ubicándolos en las distintas secciones) y las desarrollan tiene una gran importancia desde el punto de vista tanto de la sensibilización como de la formación social, por lo que solicitamos que se realice una formación exhaustiva con perspectiva de género que ayude a la comprensión de la violencia que afecta a mujeres y menores.

 

SECRETARIADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA