Desde Juezas y Jueces para la Democracia queremos poner de manifiesto que los menores extranjeros no acompañados no son un problema social. Al contrario, se trata de un colectivo que suele presentar múltiples vulnerabilidades: por edad, por falta de referentes adultos, por carencias idiomáticas, por ser víctimas de delitos en muchas ocasiones.
Además, su entidad numérica es muy reducida, sin apenas incidencia en los índices de delincuencia o en la creación de conflictos sociales. Esta percepción es compartida por la propia sociedad, que nunca ha mostrado preocupación o alarma por el acogimiento institucional de menores extranjeros no acompañados, como se puede constatar en los estudios sociológicos oficiales. En todo caso, se trata de menores que requieren de protección estatal, de acuerdo con lo establecido en nuestras leyes y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país.
A pesar de que no existe ese problema social, hay sectores que de manera oportunista pretenden convertir a estos/as menores en una especie de chivo expiatorio, a través de mecanismos xenófobos de instrumentalización emocional. Nuestras instituciones deben rechazar cualquier forma de criminalización gratuita que afecte a menores y extremar las medidas de protección que resulten necesarias.
Debemos recordar que el Defensor del Pueblo en su último informe ha mostrado su preocupación por la proliferación de discursos de odio contra estos niños y niñas, así como ha reclamado la adopción de medidas que erradiquen estos discursos. Desde Juezas y Jueces para la Democracia reiteramos nuestro compromiso con los derechos fundamentales, especialmente de quienes son más vulnerables y por ello necesitan ser más protegidos/as.
7 de julio de 2021
SECRETARIADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA