Desde la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, en la medida en que la violencia contra mujeres y niñas es una violación grave de los derechos humanos que afecta negativamente al bienestar de las mujeres e impide su plena participación en la sociedad, resaltamos que esta violencia impacta tanto de manera inmediata como a largo plazo , no solo en las propias mujeres sino los niños y niñas considerados como víctimas de violencia conforme a la Ley Orgánica 1/ 2004, en su comunidad y en toda la sociedad, llevando consigo consecuencias físicas (incluso con resultado de muerte), sexuales y psicológicas importantes para mujeres y niñas. Desde nuestra asociación queremos realizar un llamamiento con la finalidad de potenciar lo que ya es común denominador en todos los textos normativos en la materia: el desarrollo de actuaciones que involucren a distintos actores, desde los cuerpos y fuerzas de seguridad a todas las instituciones públicas implicadas, pasando por las organizaciones no gubernamentales y expertas/os. Para ello es preciso un mayor nivel de coordinación, imprescindible para poder avanzar en la lucha contra la violencia machista en todas sus manifestaciones.
Queremos igualmente llamar la atención acerca del hecho que en todas las actuaciones públicas se asigna a las mujeres la responsabilidad de parar la violencia masculina con sus acciones (especialmente a través de denuncias), pero sin embargo no se les trata al mismo tiempo como sujetos activos y no se promueve suficientemente su empoderamiento. Las mujeres resultan ser así las titulares del problema, mientras que los hombres, no se definen como parte del mismo ni se les exigen cambios. La tendencia a no involucrar a los hombres en la resolución del problema puede ser una dificultad para el avance hacia la igualdad de género en todas sus vertientes, algo que debe ser tenido en cuenta por los poderes públicos.
Igualmente solicitamos la necesidad de ampliar el concepto de violencia de género a todos los tipos de violencia contra las mujeres contenidos en el Convenio de Estambul y declarar que son también formas de violencia contra las mujeres conforme a dicho convenio: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina; el matrimonio forzado; el acoso sexual y el acoso por razones de género; el aborto forzado y la esterilización forzada. Todo ello incluso en los casos en que no exista con el agresor la relación requerida para la aplicación de la LO 1/2004, tal y como también se indica en el Pacto de Estado contra la violencia de género.
Resulta necesario hacer hincapié en la urgencia de que se implementen las medidas plasmadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado en septiembre del año 2017, medidas que estaba previsto que estuviesen en vigor a finales de 2022, de las 290 medidas previstas solo se han cumplido 75, lo que supone apenas el 25 %, 164 están en proceso de implementación (56 %) y 51 siguen pendientes, lo que supone el 18 %. La necesidad de avanzar en la aplicación de todas las claúsulas deviene imprescindible para poder evaluar los avances del contenido del Pacto y las sucesivas prórrogas del mismo y de sus contenidos.
No olvidamos la terrible situación que se ha desencadenado y se ha visibilizado a raíz de la pandemia que nos azota. Cuando en marzo se decreta el estado de alarma, solo durante ese mes, se han realizado 6.271 llamadas al teléfono de atención a víctimas de violencia de género, es decir, un 10,5% más que en marzo de 2019, cuando se realizaron 5.674. En abril de 2020 se produjeron 8.632 llamadas, es decir, un 37,6% más que el mes anterior y un 60 % más en relación a abril del 2019. Igualmente se incrementan las consultas online: en abril de 2019 se efectuaron 43 y en abril de este año, 295 (un aumento del 586%).
Desde que se desató la pandemia, los nuevos datos indican que se han incrementado las llamadas a las líneas de atención de casos de violencia. Todo esto evidencia que la restricción de movimiento, el aislamiento social y la inseguridad económica elevan la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia en el ámbito privado, por lo que solicitamos políticas públicas que desde todos los ámbitos incluyan en los planes de preparación y respuesta a la pandemia de COVID-19 servicios esenciales para abordar la violencia contra la mujer y la protección de las niñas y niños, así como la financiación adecuada y la determinación de la forma de hacerlos accesibles en el contexto de las medidas de distanciamiento físico.
Construir un mundo libre de violencia hacia las mujeres debe ser uno de los objetivos principales de un Estado social y democrático de Derecho. Una sociedad justa es una sociedad donde hombres y mujeres son iguales, una sociedad donde no hay espacio para la violencia.
25 de noviembre de 2020
EL SECRETARIADO