El actual CGPJ finalizó su mandato el 4 de diciembre de 2018 y por tanto, lleva un año y siete meses en funciones. El 16 de enero de 2020 se decidió por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) paralizar temporalmente los procesos de nombramientos de cargos discrecionales basado en criterios de oportunidad.

Carente igualmente de motivación, y por los mismos criterios de oportunidad,  en el pasado mes de mayo se decidió reanudar los procesos de nombramiento, y el pasado día 28 de julio, el Pleno del CGPJ retiró del orden del día, que tenía previamente aprobado, el nombramiento de cinco cargos discrecionales que debía cubrir (tres magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, una presidencia de Tribunal Superior de Justicia y una presidencia de Audiencia Provincial), y ello, según nota remitida a los medios, “por razones de prudencia ante la confirmación de la existencia de negociaciones entre los grupos parlamentarios para la renovación del CGPJ”.

Estos cambios de criterio son impropios de un órgano constitucional, afectan seriamente a la seguridad jurídica, y traslada una importante falta de credibilidad en las actuaciones que lleva a cabo y la sensación de encontrarse ante un órgano de gobierno de un poder del Estado descabezado que no sabe dónde se dirige ni qué decisiones debe tomar.

En estas circunstancias, por pura responsabilidad institucional y democrática, entendemos que debe producirse la inmediata renovación del CGPJ.

EL SECRETARIADO