Reunión de MJU y Asociaciones Judiciales de 27 de julio de 2020
El Secretario de Estado y el Director General de Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia han mantenido una reunión a través de videoconferencia con representantes de las cuatro asociaciones judiciales y las tres de fiscales para informar sobre el Plan de Choque postCovid y presentar la Agenda Justicia 2030, el modelo de gobernanza y oficina del dato, el proyecto de justicia digital y el Proyecto de Ley de reforma procesal para la implantación de medidas de justicia digital y sostenible.
En cuanto a los Planes de Choque postCovid, desde el MJU se solicitó la complicidad y el apoyo de las Asociaciones y la participación de los jueces, ya que de lo contrario habrá que sacar el mismo trabajo sin ningún aporte económico. El contexto POSCOVID es muy complicado, sobre todo en el orden social y en lo mercantil, y se ha buscado un esquema de trabajo basado en resultados para conseguir confianza institucional, especialmente por parte del Ministerio de Hacienda, ya que la de Justicia es una de las pocas Administraciones que ha recibido una inyección de dinero, en concreto, 43 millones de euros. El objetivo es que la Administración de Justicia contribuya a dinamizar la Economía. El plan contempla una revisión en una segunda fase, e incluso un reajuste en noviembre de 2020.
En cuanto al programa Justicia 2030 se concibe como un plan estratégico flexible, dialogado y con vocación de ajustar la Justicia a los cambios sociales en el horizonte temporal 2020-2030, compuesto por varios objetivos y varios programas dentro de cada objetivo.
Respecto al modelo de gobernanza el MJU, ante el complejo mapa territorial y funcional de la Justicia española, pretende asentar una arquitectura de coordinación entre Administraciones aprovechando los mecanismos creados durante el estado alarma y otros ya existentes. Este modelo se desarrollará con Conferencias Sectoriales presenciales y telemáticas, complementadas con reuniones con las Asociaciones.
Además, el MJU va a implantar a través de la Oficina del dato un modelo que permita aprovechar la información que disponen las Administraciones que gestionan Justicia, para que sea compartida con otras Administraciones y permita que la toma de decisiones se realice con mayor información. Se trata en todo caso de datos públicos que las Administraciones pondrán en común.
En cuanto a la Justicia digital, desde el MJU se está trabajando en un proyecto de inmediación digital que amplíe la relación de usuarios de la ciudadanía con la Justicia: vistas telemáticas en salas virtuales, con actuaciones grabables y garantías procesales; actuaciones internas telemáticas; atención al ciudadano por videoconferencia; e identificación y firma remota efectiva. También se
está trabajando en un proyecto de cita previa y gestión de turnos que habilite una atención al público ordenada que encaje, además, con otros nuevos canales de atención basados en la inmediación digital. Se trata de evitar aglomeraciones y esperas innecesarias con cita previa a través del teléfono 060 y habilitar salas de espera con turnos de llamada.
Por último, respecto al proyecto de Ley de reforma procesal para la implantación de medidas de justicia digital y sostenible, se busca hacer frente a la ralentización de los procedimientos, agilizándolos y mejorando su eficiencia, impulsando al tiempo los medios alternativos de resolución de controversias.
En el orden civil se está estudiando la ampliación del juicio verbal en razón de cuantía y materia; regular la figura del pleito testigo en supuestos de pleitos masa; y una nueva regulación de las costas procesales como instrumento favorecedor de una Justicia sostenible y que evite el mal uso del servicio público.
En lo social, desdoblar los actos de conciliación y de juicio, de manera que no haya que esperar a la fecha de celebración de juicio; nuevos supuestos de tramitación preferente; o la extensión del procedimiento testigo.
En lo penal, el ofrecimiento de acciones al perjudicado en el momento de la denuncia, la creación de un acto único que resuelva todos los aspectos de la ejecución (suspensión de ejecución, pago de multas, petición de indulto,…).
Desde las asociaciones hemos puesto de manifiesto que los planes de refuerzo se basan en unos datos de partida incorrectos y fijan unos objetivos inasumibles, especialmente en el orden social. También hemos señalado que 10 años es un plazo demasiado lejano para fijar objetivos. Y hemos recordado que es necesario contar con los jueces desde la fase inicial de diseño de los desarrollos digitales en la Administración de Justicia, que las medidas de eficiencia no deben ser a costa de incremento de las cargas de trabajo ya de por sí elevadas y que los planes del MJU, aunque son ambiciosos, no suplen la falta estructural de jueces, máxime con el incremento de jubilaciones, siendo necesario agilizar las oposiciones.
Asociación Profesional de la Magistratura
Asociación Judicial Francisco de Vitoria
Juezas y Jueces para la Democracia
Foro Judicial Independiente