El lunes 18 de mayo se cumplen 65 días desde que entró en vigor el Real Decreto por el que se declaró el estado alarma por la pandemia originada por la COVID-19. Tras ese largo período de tiempo el funcionamiento de la Administración de Justicia no se ha visto plenamente normalizado.
El Real Decreto de estado de alarma estableció con carácter general la suspensión de los plazos procesales de las actuaciones judiciales. A pesar de ello los Juzgados y Tribunales han realizado actuaciones urgentes e inaplazables. Los jueces y juezas han aprovechado durante este periodo para ponerse al día en su trabajo y el personal judicial ha atendido los servicios esenciales que tenía encomendados.
La prolongación de esta situación de parálisis casi general de la Administración de Justicia ha puesto de relieve sus carencias.
En su entramado institucional son varias las administraciones que intervienen: el CGPJ, en cuanto al gobierno del poder judicial; el Ministerio de Justicia, respecto a los letrados de la Administración de Justicia y los medios personales y materiales de las comunidades autónomas que aún no les han sido transferidas las competencias, así como estas últimas. A pesar de lo cual, no existen en nuestro sistema mecanismos suficientemente reglamentados que permitan garantizar la cooperación y coordinación de todas las administraciones e instituciones concernidas.
Hay que tener presente que el Poder Judicial es único para todo el Estado y se debe garantizar la tutela judicial efectiva en todo el territorio y a todas las personas. No puede haber tutela judicial en unos lugares y dejar de haberla en otros, por lo que esos mecanismos de cooperación y coordinación resultan imprescindibles para que se pueda abordar la reanudación en todo el Estado de la actividad judicial.
Ese marco institucional ha de permitir a la ciudadanía saber en todo momento quiénes son sus responsables y poder formar su juicio acerca de quien actúa correctamente y quien hace dejación o mal ejercicio de sus responsabilidades. La actual confusión conlleva que ese juicio crítico imprescindible en una democracia no pueda efectuarse adecuadamente.
Por otra parte, la actividad judicial se encuentra todavía condicionada por los límites que impone la utilización del papel y la falta de herramientas tecnológicas.
Las administraciones responsables en dotar de medios a la Administración de Justicia todavía no han sido capaces en todo el territorio del Estado de proporcionar los medios necesarios para que, en una situación de epidemia, sea posible el normal funcionamiento de nuestros Juzgados y Tribunales.
Esto último es algo más complejo que el simple suministro de ordenadores, lo que se debe generalizar entre los responsables del funcionamiento de los órganos judiciales, y comprende también los programas informáticos que garanticen la viabilidad y seguridad de las actuaciones telemáticas, puesto que las cuestiones que se suscitan ante un órgano judicial atañen a la intimidad, los derechos e intereses de la ciudadanía y deben ser objeto de la mayor protección de esos datos.
Por otra parte, la crisis ha puesto de manifiesto las deficiencias de la actual organización y planta judicial y la necesidad de superar en la primera instancia el modelo decimonónico con la transformación de los juzgados en auténticos tribunales de instancia que permitan optimizar el funcionamiento de nuestra Administración de Justicia. Queremos denunciar que desde los primeros proyectos de hace más de una década las fuerzas políticas han sido incapaces de llegar a un acuerdo que modernice la organización judicial.
Esta situación no puede volver a repetirse. La paralización prolongada del funcionamiento de la Administración de Justicia es una grave anomalía democrática, a la que debe ponerse a término lo más inmediatamente posible.
A fecha de hoy las administraciones responsables de garantizar la seguridad e higiene de este servicio público esencial no han puesto en marcha las reformas necesarias en las instalaciones y la dotación de medios telemáticos imprescindibles para que, en un contexto de esta grave crisis sanitaria, la tutela judicial de los derechos y libertades esté permanentemente garantizada.
Juezas y Jueces para la Democracia reclama del legislador que asegure los mecanismos institucionales para la correcta coordinación y cooperación de todas las instituciones implicadas, la implantación de los tribunales de instancia y la dotación en las leyes de presupuestos de los créditos necesarios para el buen funcionamiento de la justicia.
A las distintas administraciones públicas implicadas les reclamamos que proporcionen de una vez por todas los medios necesarios para el normal funcionamiento de la Justicia. Del Consejo General del Poder Judicial esperamos que dote a los integrantes de la Carrera Judicial de la necesaria protección frente al riesgo sanitario y que inste a las administraciones responsables a fin de que lleven a cabo las actuaciones necesarias para el inmediato levantamiento de la suspensión de la actividad judicial.
18 de mayo de 2020
EL SECRETARIADO