Desde Juezas y Jueces para la Democracia queremos manifestar nuestra satisfacción al conocer que la Fiscalía del Tribunal de Justicia de la Región de Murcia, en aplicación de la de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental [cuyo objeto es regular la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños medioambientales, de conformidad con el artículo 45 de la Constitución y con los principios de prevención y de que «quien contamina paga»], haya acordado requerir a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para que proceda a incoar los expedientes administrativos que correspondan para exigir la responsabilidad medioambiental a aquellas personas, físicas o jurídicas, que hayan podido influir en la contaminación y degradación del Mar Menor.
Entendemos que la incoación es obligada siempre que haya indicios de daño medioambiental imputable a operadores de actividades económicas o profesionales incluidas en la citada ley, dado que están obligados a adoptar y a ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de reparación de daños medioambientales y a sufragar sus costes, cualquiera que sea su cuantía, cuando resulten responsables de los mismos, recordando, además, la legitimación activa ex lege del Ministerio Fiscal para poder recurrir las decisiones que se adopten en los antedichos expedientes por la Administración Regional ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Por último, queremos recordar que la intervención activa del Ministerio Fiscal en aplicación de la citada norma fue defendida por JJpD en el Congreso «La protección del medio ambiente: derechos de la ciudadanía» celebrado los días 28 y 29 de noviembre de 2019 en Cartagena.
En Murcia a 15 de mayo de 2020