- En primer lugar debemos congratularnos de que el Consejo General del Poder Judicial reconozca el papel de las asociaciones judiciales y les haga partícipes en el debate sobre las medidas propuestas junto con otras instituciones y operadores jurídicos.
- Manifestar nuestra crítica a que en el contexto del shock social que estamos padeciendo se planteen reformas procesales de calado y sustraídas al necesario debate público, cuando se desconoce el alcance concreto que la crisis sanitaria, económica y social va a tener sobre las distintas jurisdicciones.
- En estos momentos no existen datos reales sobre el impacto de esta crisis en la Administración de Justicia. Si bien mostramos nuestra especial preocupación por la actual situación de las jurisdicciones social y mercantil, ya de por si colapsadas por el impacto de la última crisis financiera. En la jurisdicción social resulta prioritario poner en marcha de forma inmediata planes de choque basados fundamentalmente en la dotación de medios materiales y personales.
- Manifestar nuestra radical oposición a que la respuesta a esta crisis suponga un recorte de los derechos y garantías de los justiciables. Las reformas a implementar deberán de buscar el adecuado equilibrio entre la agilidad procesal y la protección de los grupos más vulnerables así como de los afectados por el COVID-19 a través de medidas tales como ERTEs, EREs, reducción de jornada, etc.
- Exigimos que todas las personas afectadas económicamente por el COVID-19 tengan acceso a la justicia, fortaleciendo el beneficio de justicia gratuita.
- Nos mostramos en contra de cualquier limitación de los principios constitucionales de oralidad e inmediación que alejen al juez/a de la realidad del conflicto que se le somete a su resolución.
- Consideramos que la habilitación del mes de agosto de 2020 para realizar válidamente actuaciones procesales es una respuesta adecuada a la magnitud de esta crisis.
- Reclamamos a las administraciones competentes la implantación del teletrabajo y de las comunicaciones telemáticas a fin de evitar la paralización total de las actuaciones judiciales.
- Nuestra asociación se ha manifestado continuamente en contra de que la labor judicial se rija por un productivismo desmedido ajeno a la calidad de las resoluciones judiciales.
- Cualquier medida a adoptar deberá de ser respetuosa con la conciliación personal y familiar así como con aquellos compañeros/as con problemas de salud derivados del COVID-19.
- El plan de choque en modo alguno puede comportar medidas que mermen los derechos de los alumnos/as de la Escuela Judicial ni el recorte de su fase de prácticas. Tampoco ha de ampliarse la fase de sustitución y refuerzo ni han de ser utilizados estos compañeros/as exclusivamente como recurso para paliar las carencias derivadas de esta crisis.
- La vuelta a la normalidad de la actividad judicial tendrá un indudable componente sanitario. A fin de evitar el rebrote de la infección con nuevos contagios, solicitamos que el CGPJ establezca un protocolo actualizado de prevención del riesgo entre la carrera judicial y que las administraciones competentes establezcan planes detallados que garanticen la realización de las actuaciones judiciales, con las máximas condiciones de seguridad. Para lo cual deberán de proporcionarse los medios de protección adecuados al personal judicial y colaborador así como al público en general.
- Como consecuencia de todo ello consideramos que las propuestas de reformas normativas, organizativas y tecnológicas a plantear por nuestra asociación se deberán de ceñir a actuaciones puntuales exclusivamente ligadas a suministrar una respuesta rápida y concreta a los problemas que se planteen al término de la crisis sanitaria.
- Es por lo cual, que desde Juezas y Jueces para la Democracia consideramos que esta es una oportunidad para que los grupos políticos con representación parlamentaria y el gobierno de la nación, con la colaboración de todos los operadores jurídicos, alcancen un pacto de estado para la mejora de la Justicia.
10 de abril de 2020
EL SECRETARIADO