Con motivo de la celebración del 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, desde Juezas y Jueces para la Democracia demandamos de los poderes públicos un compromiso real con nuestro Estado Social, que priorice la lucha contra la precariedad laboral y la desigualdad social y que garantice los derechos de las personas trabajadoras.
A las elevadas tasas de desempleo existentes en España, se une un empleo precario, temporal y parcial, permanentemente al alza. En la actualidad, tres millones setecientos mil personas están en paro, una de cada cuatro personas trabajadoras asalariadas son temporales y sólo el 47 por ciento tienen un contrato indefinido a tiempo completo. Una cuarta parte de los contratos de trabajo celebrados se extingue antes de los siete días.
En los últimos diez años las condiciones laborales se han precarizado, se han expandido las empresas multiservicio, las plataformas digitales y las formas abusivas de organizar el tiempo de trabajo. La precariedad también se ha extendido a las prestaciones sociales e incide en el incremento de la siniestralidad laboral.
Esta situación afecta especialmente a las mujeres trabajadoras en un mundo laboral que continúa siendo machista, en el que hay mayor temporalidad y parcialidad en la contratación, aumenta el porcentaje de paro y el grado de precariedad de las mujeres pensionistas. La huelga general del pasado 8 de marzo nos ha situado como referente internacional, denunciando la discriminación y desigualdad que sufren las mujeres en una sociedad todavía desigual formal y materialmente, y defendiendo el fin de los privilegios establecidos históricamente hacia el hombre. Urge necesaria e ineludiblemente la adopción de medidas específicas para eliminar la brecha salarial, el “techo de cristal” y el denominado “suelo pegajoso”.
Juezas y Jueces para la Democracia reclama de los partidos políticos que han obtenido representación parlamentaria en las recientes elecciones generales, y especialmente al Gobierno que se conforme en las próximas semanas, la adopción de las medidas necesarias para garantizar la efectividad de la cláusula de Estado Social recogida en el artículo 1 de nuestra Constitución, y que desde nuestra asociación concretamos, entre otras, en las siguientes:
1. La adopción de las medidas legislativas necesarias para acabar con los incumplimientos de la Carta Social Europea y la ratificación de la Carta Social Europea revisada en 1996 y del Protocolo de reclamaciones colectivas de 1995 para garantizar eficazmente el contenido.
2. Promulgar una Ley Integral para la Igualdad de trato y la no discriminación dirigida a lograr una igualdad efectiva de la mujer trabajadora.
3. Prohibir el despido de la mujer trabajadora en las circunstancias protegidas de embarazo comunicado, maternidad y lactancia.
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA