En relación con las eventuales medidas de derogación de las leyes andaluzas de igualdad y contra la violencia de género, JJpD, quiere hacer público su compromiso con la Constitución Española de 1978 y con su artículo 9.2 que nos obliga, como poder público, a eliminar los obstáculos que impiden hacer realidad el derecho de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Entre estos obstáculos se encuentra la violencia de género, máxima manifestación de la desigualdad, que se ha cobrado más de 900 vidas de mujeres a manos de su pareja en España desde el año 2003. Para combatir esta lacra se necesita la firme implantación de las leyes de igualdad y contra la violencia de género estatales y autonómicas, así como las medidas del Pacto de Estado.

JJpD, entre cuyos fines estatutarios está contribuir a la promoción de las condiciones que hagan efectivos los valores igualdad, advierte que eliminar o vaciar de contenido las medidas legales existentes contra la violencia de género, supone romper un consenso democrático e incumplir obligaciones internacionales asumidas por el estado español.

Una sociedad democrática como la nuestra, que propugna como valor superior del ordenamiento jurídico la igualdad, no puede permitir retrocesos en esta cuestión.

EL SECRETARIADO