En Madrid, el día 19 de diciembre de 2018 asisten a la reunión con la Ministra de Justicia, representantes de las siete asociaciones profesionales de jueces y fiscales.  Asisten igualmente el Secretario de Estado del Ministerio de justicia, la Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia y asesores del Ministerio de Justicia.

En materia de retribuciones se ha insistido en que el Ministerio de Justicia tiene poca capacidad de respuesta y que el Ministerio de Economía pone como límite el acuerdo de 9 de marzo por el que se podía llevar a cabo una subida salarial de entre el 2’25% y el 2’5% según cuál fuese el crecimiento del PIB. Se afirma que se considera extrapolable el acuerdo de la función pública a las carreras judicial y fiscal.

Además de esto se cuenta con un 0’2% del fondo adicional y que supone 1.318.000 euros para repartir entre todos los miembros de las carreras judicial y fiscal.  Si se reparte entre todos los integrantes de ambas carreras se podría lograr un incremento salarial de 200 euros brutos al año, si bien cabe la posibilidad de repartir esta cantidad solo entre los miembros de la carrera judicial y fiscal que están en los grupos de población que menos retribución perciben. En ese caso estos compañeros y compañeras podrían percibir unos 777 euros brutos más al año. Se solicita a las asociaciones que decidan por cuál de estas dos alternativas de reparto se optan.

La Ministra comunica que está negociando una partida con el Ministerio de Economía que puede ser significativa.  Si se logra obtener, se aplicaría a variables, guardias y grupos de población. El límite que ha marcado el Ministerio de Economía es que no sea extensible a la función pública, sino específico para las carreras judicial y fiscal. Por el representante de JJpD se ha preguntado expresamente por cómo se traduciría eso en los grupos de población y la Ministra ha contestado que en la próxima reunión se podrá decir si se ha conseguido esta partida y por qué importe, y se decidiría cómo se aplicaría a los grupos de población.

Se ha hecho una breve mención a la reforma de la LOPJ y la introducción del artículo 403 donde parece contemplarse un complemento que puede ser una oportunidad de mejora retributiva.  No obstante se matiza que habrá que estudiar la norma.

En el punto relativo a derechos sociales se indica que están supeditados a la aprobación de la reforma de la LOPJ el día 20 de diciembre.  Se reconoce que la reforma del artículo 347 bis de la LOPJ supone un empeoramiento de la situación de los JAT y por el Ministerio de Justicia se propone firmar un protocolo de actuación con el CGPJ para interpretar de forma razonable este precepto y que las adscripciones de los JAT se lleven a cabo a través de comisiones de servicio y paliar así los efectos de la norma.  Otra posibilidad es aprovechar otra reforma de la LOPJ pero de momento todo apunta a que el 20 de diciembre estará aprobada la reforma del 347 bis.

En relación con el tema de permisos se insiste por el Ministerio en que se ha impulsado la cláusula de subsidiariedad.  Se va a intentar recuperar los permisos del año vencido una vez aprobada la LOPJ.

En relación con las guardias y recursos que están pendientes, se informa de que se está a la espera de un informe de la Abogacía del Estado y según su resultado se decidirá sobre el desistimiento en dichos recursos.

Se pone de relieve el logro consistente en no sufrir un detrimento patrimonial en el supuesto de incapacidad temporal, de modo que no se va a proceder a ningún descuento en esos casos.

Se va a agilizar el sistema de nombramiento de refuerzos firmando un acuerdo con el CGPJ.

Se ha informado de que el coste en salarios de tramitación supone unos cinco millones de euros y por ello se pretende aplicar un plan a la jurisdicción social en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y posiblemente Zaragoza.  Se trata de asignar refuerzos a esa jurisdicción para agilizarla, reducir la pendencia, y de este modo recortar ese gasto en salarios de tramitación.

Las reformas normativas.  La Ministra propone un debate sosegado sobre la reforma del CGPJ, teniendo en cuenta otros modelos de nuestro entorno, para el caso de que no se apruebe la reforma de la LOPJ.  Afirma que el Gobierno defiende la elección parlamentaria.  Le gustaría concluir este proceso de renovación ya iniciado y reflexionar sobre el modelo de CGPJ pero sin traer de nuevo el modelo de los años 80.

En cuanto a la derogación del artículo 324 de la LECr nos informan de que el Partido Popular ha presentado una enmienda de modo que frente a la derogación se pretende una reforma del artículo que prácticamente mantiene su contenido.

Se nos convoca a una nueva reunión para el día 10 de enero de 2019 a las 16 horas.     

La valoración de la reunión es moderadamente optimista en la medida en la que se ha informado sobre la posibilidad de obtener una partida presupuestaria de cierta importancia y además se nos ha convocado para hablar de ello en pocos días (10 de enero de 2019).  Las demás opciones de incremento salarial ya eran conocidas y se aplicarán, aunque no resultan satisfactorias.  Dentro de las limitaciones que tiene este Gobierno es positivo el esfuerzo que se ha hecho en lo que respecta a la recuperación de permisos y en lo relativo a las situaciones de incapacidad temporal.  En cuanto a la situación de los JAT, no se consigue una solución clara y definitiva y habrá que insistir en ello.

EL SECRETARIADO