En el día de hoy se ha publicado en el BOE el Acuerdo de 27 de junio de 2018, de la Comisión Permanente del CGPJ por el que se atribuye a determinados Juzgados de Primera Instancia, ahora de manera exclusiva y excluyente, las materias de acciones individuales sobre condiciones generales de la contratación en préstamos bancarios concedidos a personas físicas, es decir, Jugados que conocerán de las conocidas cláusulas suelo, intereses abusivos de demora y gastos de formalización que sistemáticamente eran cargados a las cuentas de los consumidores que requerían financiación bancaria.
No se trata de una medida nueva, sino que continúa con la decisión del Consejo adoptada por Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de adscribir esta materia a Juzgados de Primera Instancia, con competencia provincial, ante la previsible “avalancha” de este tipo de demandadas fruto de la nefasta gestión que las entidades bancarias llevaron a cabo durante la fase de expansión inmobiliaria de la pasada década y la consiguiente respuesta judicial, avalada por el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de considerar estas cláusulas notoriamente abusivas para consumidores, personas físicas y familias.
Tal decisión continuó con la adscripción de jueces y juezas de las nuevas promociones, recién salidos de la Escuela Judicial, a estos Juzgados, condenándoles en los albores de su ejercicio profesional, a gestionar unos procedimientos que, en solo un año, se cuentan por centenas de miles en todo el territorio nacional.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia nos hemos opuesto a esta medida, que ni siquiera tiene en cuenta que el colapso no sólo afecta a los Juzgados de Primera Instancia, sino a los órganos judiciales de apelación, supone engrosar innecesariamente la carga de un solo Juzgado en una provincia, sin capacidad personal, material y de gestión para absorber su tramitación, y condena a jueces y juezas de las nuevas promociones a iniciar su andadura profesional en unos juzgados con una materia cuyos criterios están perfectamente definidos por la jurisprudencia.
Hemos venido denunciando la irresponsabilidad de los gobernantes que han conducido a esta situación de auténtico empantanamiento de las demandas judiciales de numerosos clientes bancarios. Reclamamos la desaparición de los juzgados especializados con un correlativo incremento de los juzgados de primera instancia y mercantiles encargados de esta materia, y la creación de plazas judiciales suficientes, en todas las instancias, así como decisiones políticas claras y contundentes para poner fin a prácticas y cláusulas abusivas en este sector, con adopción de las sanciones oportunas para evitar que el coste del proceso se vuelva contra los consumidores convirtiendo en ineficaces, por antieconómicas, sus razonables reclamaciones.
EL SECRETARIADO DE JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA.