La litigiosidad bancaria se ha multiplicado en los últimos tiempos como consecuencia de la mayor conciencia de los consumidores respecto a sus derechos. Diversas sentencias judiciales han puesto de manifiesto prácticas de los profesionales que no se acomodaban a las previsiones de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Los tribunales también han puesto de manifiesto, mediante el planteamiento de cuestiones prejudiciales, que la legislación española de protección a los consumidores resultaba insuficiente, sobre todo en materia hipotecaria.
La última crisis económica ha contribuido a que los movimientos sociales denuncien políticas comerciales agresivas que orillaban el respeto a los derechos de los clientes bancarios. Muchas personas han perdido su vivienda o la inversión de los ahorros familiares de una vida, por aplicación de cláusulas que luego se declararon contrarias a derecho. La ciudadanía ha acudido en masa a los tribunales denunciando cláusulas abusivas y los juzgados y tribunales han estimado sus pretensiones en la mayor parte de las ocasiones, declarando esas previsiones predispuestas por las entidades financieras contrarias a derecho.
Sin embargo las instituciones que debieran velar porque estos abusos se atajaran no han resuelto la situación. Tras la STJUE 21 diciembre 2016, C-154/15, C-307/15 y C-308/15, asunto Gutiérrez Naranjo, que declaró que la nulidad de las cláusulas suelo obligaba a reintegrar a los prestatarios todo lo indebidamente pagado, el gobierno decidió aprobar por Real Decreto Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que ha supuesto un rotundo fracaso, porque obliga a un trámite superfluo, en el que las entidades bancarias apenas dan satisfacción a los clientes, remitiendo a un procedimiento ulterior que se eterniza en los tribunales por la imposibilidad de gestionar un inasumible número de procesos.
Los reguladores no han atajado la aplicación de cláusulas abusivas pese a que la disciplina del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o los Ministerios de Hacienda o Economía hubieran permitido evitar la actual avalancha de litigios mediante advertencias, o llegado el caso, sanciones administrativas, que nunca se han adoptado porque no ha habido voluntad política de frenar prácticas de contratación que los tribunales sistemáticamente consideran abusivas.
Después de que la legislatura del Ministro Gallardón terminara sin creación de juzgados y tribunales, la actual gestión del Ministro Catalá sigue sin dotar a la administración de justicia de medios suficientes y sin crear los tribunales precisos para atender las demandas ciudadanas. El plan ideado por el Consejo General del Poder Judicial para crear órganos provisionales a los que se adscribe el conocimiento de la litigiosidad derivada de cláusulas abusivas en préstamos con garantía hipotecaria ha sido un fracaso. Se cuentan por cientos de miles las demandas que ni siquiera se han admitido a trámite, muchos juzgados siguen sin dotación suficiente y la provisionalidad de los titulares es patente, con cambios continuos que incrementan la dilación y la inseguridad jurídica.
Por todo el 33º Congreso de Jueces para la Democracia denuncia la irresponsabilidad de los gobernantes que han conducido a esta situación de auténtico empantanamiento de las demandas judiciales de numerosos clientes bancarios, reclama la desaparición de los juzgados especializados con un correlativo incremento de los juzgados de primera instancia y mercantiles encargados de esta materia, y la creación de plazas judiciales suficientes, en todas las instancias, así como decisiones políticas claras y contundentes para poner fin a prácticas y cláusulas abusivas en este sector, con adopción de las sanciones oportunas para evitar que el coste del proceso se vuelva contra los consumidores convirtiendo en ineficaces, por antieconómicas, sus razonables reclamaciones.
En León, a 25 de mayo de 2018