El Ministro de Justicia, en unas nuevas declaraciones con motivo de la denominada sentencia de «La manada», ha insinuado públicamente que debería haberse actuado preventivamente contra el magistrado que dictó el voto particular, verbalizando que el magistrado «tiene un problema» y que «todos los saben», sembrando públicamente dudas sobre la capacidad y condición de dicho magistrado.
La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia.
Hoy es por el juicio de «la Manada» pero mañana puede serlo por cualquier actuación que no sea del agrado del Ministro o de su Gobierno. Éste es el verdadero peligro: la utilización de la resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la confusión intencionada de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un Poder del Estado, esto es, respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones.
Por eso, exigimos una vez más la dimisión del Ministro de Justicia, cuya reprobación ya fue demandada por otro de los Poderes del Estado, como es el Legislativo.
En Madrid a 30 de abril de 2018.
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA (APM)
ASOCIACIÓN DE JUECES FRANCISCO DE VITORIA
ASOCIACIÓN JUECES Y JUEZAS POR LA DEMOCRACIA.
ASOCIACIÓN DE JUECES «FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE»
ASOCIACIÓN DE FISCALES
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES.
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES